La empresa compró varios coches para la policía municipal de Ortigueira

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sigue peinando pueblo a pueblo las concesiones del agua tirando del hilo del caso Pokémon a las órdenes de la juez Pilar de Lara. La lista de ayuntamientos donde han hallado irregularidades engorda y en los nuevos tomos del sumario figuran Arzúa y Ortigueira. Los investigadores habían certificado en atestados previos anomalías en los municipios de Pontecaldelas, Cedeira, Valdoviño, Bergondo “donde es Aquagest quien busca las empresas [supuestamente rivales] para que las mismas propongan u oferten peores condiciones [...] y así la adjudicación recaiga directamente en Aquagest, siendo así aparentemente cumplidos los requisitos formales de licitación”.

 En el caso de Ortigueira, el SVA se ha detenido a analizar el contrato de la gestión del servicio de abastecimiento a Aquagest suscrito el 15 de noviembre de 2006 cuando el alcalde era Antonio Campo, del PP. Los agentes han reclamado al Ayuntamiento documentos sobre esa concesión y también sobre el proceso de adjudicación a unas 20 empresas que realizaron obras, bienes y servicios que fueron abonadas por Aquagest con cargo al canon de la concesión. Entre ellos figura el pago por parte de la concesionaria de dos automóviles para la policía municipal de Ortigueira por un importe de 59.885,09 euros. El atestado sostiene que “los hechos descritos” se estiman constitutivos de uno o varios delitos contra la Administración pública.

Un segundo informe también incorporado al sumario alude a la política de contratación de la misma concesionaria en el ayuntamiento coruñés de Arzúa. De él se “desprende que varios funcionarios y autoridades de ese municipio habrían acordado beneficios particulares a cambio de la aprobación de una prórroga de 15 años para la gestión del agua”. Vigilancia Aduanera ha constatado que Aquagest metió en nómina a un hijo del anterior alcalde nacionalista de Arzúa, Xaquín García Couso, ya fuera del BNG, y del exportavoz del PP en el mismo municipio Nicolás Esmorís. Además, los agentes han comprobado que también el cónyuge de la interventora municipal, Olga Castro Fernández, está en nómina de Aquagest.

Vigilancia Aduanera señala que todos estos hechos tienen que relacionarse con el contrato que la empresa obtuvo en 2009 para la explotación de la piscina municipal y vuelve a ver indicios de delito.