Adif coincide con el fiscal en que no incumplió normas en Angrois

La imputación de 11 excargos de Adif, empresa pública gestora de las líneas férreas, por parte del juez instructor del accidente de tren de Santiago, Luis Aláez, ha sido recurrida por el fiscal de la causa, Antonio Roma, que considera que no incumplieron ninguna norma por la que se les puedan pedir responsabilidades penales. Pero también la propia Adif, a través de la Abogacía del Estado, ha objetado las acusaciones que Aláez realiza contra sus 11 exdirectivos, a los que reprocha no haber implantado en la curva de Angrois medidas de seguridad que evitasen el despiste del maquinista del tren Alvia, cuyo descarrilamiento provocó la muerte de 79 personas. Al igual que el fiscal, Adif niega que nadie además del maquinista incumpliese ninguna norma y reprocha al juez que no aporte pruebas de lo contrario.

En su auto de imputación de hace diez días, el juez consideraba que la curva de Angrois se encontraba en una tierra de nadie en la que no se habían aplicado correctamente las normas de seguridad requeridas ni en las líneas de alta velocidad ni en las convencionales. En concreto, Aláez reprochaba que en 2010 se hubiese modificado el proyecto original de la línea Ourense-Santiago eliminando de sus últimos ocho kilómetros (cuatro antes de Angrois) el sistema ERTMS de control constante de la velocidad. Adif, sin embargo, niega la mayor. “Es radicalmente incierto que las líneas de alta velocidad deban tener preceptivamente instalado el ERTMS”, asegura el ente público en su recurso, y cita ocho tramos concretos de líneas de AVE en toda España que ahora o en algún momento del pasado funcionaron a alta velocidad sin ningún sistema de control constante instalado.

Adif también recuerda que el pasado noviembre la Audiencia Provincial levantó las imputaciones que Aláez ya había realizado entonces contra 27 técnicos y directivos de la empresa –entre ellos los 11 actuales– con el argumento, entre otros, de que si no hay indicios de que se incumpliese alguna norma positiva, “solo la existencia de un consenso técnico sobre la insuficiencia” de dichas normas permitiría atribuir responsabilidades penales. Esa apreciación de la Audiencia otorga una especial relevancia a los peritajes que se están realizando del accidente. Pero Adif destaca que hasta ahora esos informes de técnicos expertos se han limitado a indicar que otras normas habrían resultado más seguras, no que se incumpliesen las existentes cuando ocurrió el accidente. En general, Adif critica que los tres peritajes provisionales presentados hasta ahora –de dos peritos elegidos por las partes y de uno independiente– incluyen “opiniones” sobre “la mayor o menor bondad de las soluciones técnicas adoptadas o de la eventual posibilidad de implementar otras mejores, opiniones que, de todos modos, y quizá debido al carácter provisional de los informes, se presentan en este caso bastante escasas de fundamentación técnica”.

La Abogacía del Estado es especialmente dura al criticar el peritaje del experto a priori más independiente de todos, César Mariñas, un ingeniero de telecomunicaciones elegido por el juez por sorteo de entre varios propuestos por el colegio oficial. El recurso califica su informe, en el que señala diversas deficiencias de seguridad, como “sorprendentemente huérfano de argumentación técnica y plagado de opiniones personales sin fundamentar”. Por último, ante la acusación del juez de que en la pronta apertura de la línea Ourense-Santiago en diciembre de 2011 hubo “intereses espúreos que prevalecieron sobre la seguridad en la circulación”, Adif califica de “manifiesta y clamorosa” la “ausencia de indicios de tal comportamiento” en el auto de Aláez.