Argumentarios del PP gallego contra el juez del caso
“Parece que hay un empeño en que este juicio se celebre sí o sí ", dicen los populares
Al tiempo que se sentaban en el banquillo los siete ediles del PP de Santiago, el resto de cargos del partido en toda Galicia recibían los argumentarios cotidianos que la dirección autonómica manda a sus mandos para que sepan qué deben responder a los medios de comunicación. En uno de los apartados de las ideas-fuerza de ayer, el PP gallego carga contra el juez del caso, al que acusa de politizar la justicia.
En ese documento que se remite a través de correo electrónico y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la dirección del PP recomienda a sus mandos usar los siguientes argumentos para referirse al juicio de los ediles compostelanos: “Creemos que señalar la vista de un juicio con una evidente carga política en la última semana de campaña es, cuando menos, sorprendente”. “Lo es aún más cuando un testigo solicitó un aplazamiento de unos días por enfermedad”. “Parece que hay un empeño concreto en que este juicio se celebre sí o sí en mitad de la campaña y que haya la foto de los siete concejales en el banquillo”.
Las recomendaciones remitidas por el PP gallego a sus cargos intermedios contrastan con la prudencia que demostraron ayer en público algunos de sus dirigentes. El número dos del partido y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió que la foto de medio gobierno procesado “no favorece” a su formación. “Es una imagen que no nos gusta ni es fácil y más a pocos días de las elecciones. Es a la justicia a la que le toca ahora hablar”. A la salida del juicio, el alcalde de Santiago, Ángel Currás, pidió tranquilidad y confianza a los siete ediles de su gobierno. Tras seguir todos los interrogatorios desde los bancos del público, Currás aseguró estar convencido de que la sentencia será absolutoria. Su teniente de alcalde, Reyes Leis, de las pocas concejales compostelanas que no está imputada en ningún caso, admitió que su partido ya tiene un plan B por si el fallo sale cruz. Pasa por designar a concejales no electos para sustituir a los inhabilitados, una posibilidad que brinda la ley de grandes ciudades.
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