Juicio a dos alcaldes y excargos públicos por retirar multas

El fiscal pide para los procesados penas que suman 40 años de prisión y 70 de inhabilitación

La macrocausa contra una supuesta trama por la retirada irregular de multas de tráfico en Lugo arrancó ayer en la Audiencia Provincial con 23 imputados. El fiscal pide para los procesados penas que suman casi 40 años de prisión y 70 de inhabilitación. El acusado número 24 es el diputado autonómico del PSOE José Ramón Val Alonso, pero la resolución sobre su aforamiento está aún pendiente.

Los principales acusados de participar en la supuesta trama de la Jefatura Provincial de Tráfico durante los años 2006, 2007 y 2008 son el exsubdelegado del Gobierno en Lugo Jesús Otero, el exjefe de Tráfico Julio González y una funcionaria. El ministerio público pide para Otero siete años de prisión y 22 de inhabilitación, para González cuatro años y nueve meses de cárcel y 15 de inhabilitación y para la funcionaria, cuatro años y seis meses de prisión y 13 de inhabilitación. Otero, que la pasada semana pidió la baja en el PSOE, apeló a que en que la subdelegación “entraban muchos papeles” y se afanó en dejar claro que la institución “estaba abierta a militantes del PSOE, del PP, y de Fuerza Nueva”. “Nunca miré la ideología de nadie”, proclamó a preguntas de la acusación. La funcionaria de Tráfico corroboró que el sobreseimiento de las sanciones las decidía el jefe del departamento, mientras que este último, Julio González, se negó a declarar.

El fiscal pide más de un año de prisión por tráfico de influencias para el alcalde de Pedrafita, el socialista José Luís Raposo; el regidor de Muras, el popular Isaam Algnam Azam; el exconcejal socialista en Lugo, José Rábade; el exdiputado del PSOE Miguel Ángel Fernández; el exalcalde socialista de Meira Antonio de Dios; el exdelegado de la Consellería de Cultura en el bipartito, Juan José Molina; y el exdeán de la catedral y exvicario del obispo Luciano Armas.

El tribunal desestimó cuatro de los cinco recursos de nulidad planteados por las defensas, mientras que uno se resolverá cuando se dicte sentencia. El exdelegado de Cultura en Lugo Juan José Molina ha llegado a un acuerdo de conformidad con la fiscalía, según admitió su abogado, un pacto que, aseguran algunos letrados, han alcanzado también otros cinco procesados. El fiscal sostiene que las sanciones se perdonaban sin ningún tipo de justificación y de forma “caprichosa”.

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