La Xunta rescatará de la quiebra a las autovías de Barbanza y Salnés
En 2013 las concesionarias ingresaron 8,5 millones pero preveían 13,2 El tráfico es en ambas vías un 40% inferior a lo que se estimó inicialmente La ley se cambió hace unos meses para poder ayudar a las empresas
Fondos públicos evitarán nuevamente que empresas privadas pierdan dinero en negocios que evaluaron mal pero que, de haber ido bien, les habrían dado mayores beneficios a costa igualmente de las arcas públicas. En esta ocasión será la Xunta la que salga al rescate de las concesionarias de las dos principales autovías gallegas, las que recorren las penínsulas de Barbanza y Salnés, al borde de la quiebra porque no se han cumplido sus previsiones de tráfico. Participadas por Novagalicia Banco, Itinere, Copasa y Puentes y Calzadas, en 2013 circularon por ellas un 40% menos de vehículos de lo previsto, lo que les supuso ingresar solo 8,5 millones de euros, 4,7 menos de lo estimado. La situación se viene repitiendo cada año desde que abrieron en 2008 y ahora la Xunta asegura que o compensa parte de ese desfase o, si quiebran, debería abonarles 127 millones por responsabilidad patrimonial.
Las autovías de Barbanza y Salnés, gratuitas para el usuario, se construyeron con un modelo concesional de peaje en sombra por el que las adjudicatarias adelantaron el coste de la obra. A cambio la Xunta les debe pagar cada año hasta 2035 un canon tanto por los intereses de lo adelantado para la construcción como por el mantenimiento anual en función del número de vehículos que las usen. Si hay más tráfico del previsto, las concesionarias cobran más. Si hay menos, también cobran menos, pero solo puntualmente a la vista de lo que ahora está sucediendo. Tras cinco años con menos tráfico del previsto, las empresas han amenazado a la Xunta con ir a la quiebra y esta asegura que no le queda más remedio que compensarles parte del desfase. De lo contrario, argumenta, debería quitarles la concesión, indemnizarlas con los 127 millones que costó construir las vías y asumir el mantenimiento posterior de las infraestructuras, para lo que no tiene capacidad y por lo tanto debería volver a contratar a otra empresa a un coste similar.
Dos décadas de polémicas
La historia de las autovías de Barbanza y Salnés está salpicada de polémicas. Fue el último Gobierno de Fraga el que licitó su construcción como un desdoblamiento de las anteriores vías rápidas, que desde 1993 habían registrado una elevada siniestralidad (56 muertes en Barbanza). Con Feijóo como conselleiro se licitaron ambas autovías y se llegó a adjudicar la del Salnés en plena campaña electoral de 2005 a un grupo de empresas entre las que figura Puentes y Calzadas, donde luego acabaría trabajando Agustín Hernández, entonces director general de Obras Públicas.
A finales de 2006, con la socialista Caride al frente de la consellería y las obras de desdoblamiento apenas iniciadas, la vía del Salnés comenzó a hundirse. Hubo que cortarla al tráfico hasta que se terminó la autovía y una comisión de investigación parlamentaria dominada por PSOE y BNG culpó a los gobiernos del PP de no mantener correctamente los tubos de drenaje. Por la misma época, los populares presentaron una denuncia judicial por la decisión del bipartito de cambiar los criterios de adjudicación de la vía del Barbanza. Cuatro técnicos de la consellería que dirigía Caride estuvieron imputados pero la causa acabó archivada.
El modelo concesional de Barbanza y Salnés lo diseñó el último gobierno de Manuel Fraga, en el que Alberto Núñez Feijóo era conselleiro de Obras Públicas y el actual titular, Agustín Hernández, era su director general. Aquel equipo adjudicó la autovía del Salnés durante la campaña electoral de 2005, pero la del Barbanza fue contratada por el bipartito posterior, con la socialista María José Caride como conselleira, sin que se modificase el sistema concesional. Un modelo que preveía que el pasado año circulasen por el Salnés 22.231 vehículos diarios, pero realmente lo hicieron 13.208. Así que la Xunta en vez de pagarle a la concesionaria los 3,5 millones previstos solo le abonó 2,9. En el Barbanza se esperaban 20.841 vehículos diarios, pero fueron 12.496, así que la factura cayó de los 9,6 millones previstos a 5,5.
Fuentes de la Xunta indican que hace tiempo que las concesionarias de las autovías de Barbanza, Salnés y Santiago-Brión le habían trasladado de manera informal su situación. Por ello, cuando se elaboraron los presupuestos autonómicos para este año se introdujo una disposición adicional que faculta a la Axencia Galega de Infraestruturas, “por razones de interés general”, a “adoptar las medidas de restablecimiento del equilibrio económico necesarias para garantizar la viabilidad” de las concesionarias. También prevé la posibilidad de rescatar la concesión y volverla a adjudicar a otra empresa.
Entonces el departamento de Agustín Hernández negó que el cambio legal se hiciese porque alguna autovía estuviese en riesgo inmediato de quiebra. Aun así, además de cambiar la ley encargó una auditoría externa sobre el estado de las concesionarias. Ahora, con la ley en vigor y la auditoría confirmando la situación, las concesionarias de Barbanza y Salnés (no así la de Santiago-Brión, cuya situación sería mejor) le han pedido formalmente que garantice su equilibrio económico. La directora de la Axencia de Infraestruturas, Ethel Vázquez, aseguró ayer en el Parlamento que la compensación, cuyas cuantías y periodo no concretó, es la solución “menos gravosa” para una “situación crítica”. Desde la consellería se asegura que la ayuda finalizará en cuanto se recupere la viabilidad financiera de las concesionarias y que no pretende garantizar los beneficios de las empresas sino solo cubrir sus gastos de mantenimiento. El tope máximo de la ayuda anual será siempre el previsto en la concesión original. Esto es, para 2014 la previsión máxima es de 14 millones, pero si se repite el tráfico escaso del pasado año acabarían ingresando solo 8,5 millones. La Xunta les pagaría más que esa cantidad pero siempre sin superar los 14 millones previstos inicialmente. La Xunta asegura que no compensará a partir de ahora los ingresos de menos de los pasados cinco años.
