¿Imputada o condenada?

La quieren partía y doblá. Y a ser posible, encarcelá. El odio irracional que algunos sienten hacia Magdalena Álvarez hunde sus raíces en un profundo machismo mal digerido.

Observen la foto del pleno del Consejo Empresarial para la Competitividad reunido con Mariano Rajoy en La Moncloa: 18 hombres, 18 corbatas. Los empresarios más poderosos del país. Ni una mujer. Lo que hay es una irritante “acumulación de testosterona económica”, en acertada definición de Javier del Pino.

A ese mundo llegó Magdalena Álvarez en 1994. Era la primera mujer en España que se hacía cargo de las finanzas de una comunidad autónoma. Más tarde fue la primera mujer en ocupar la cartera de Fomento. Sustituía a Francisco Macho Álvarez Cascos. Un hombre que se relajaba en el monte matando inocentes animales mientras se hundía el Prestige.

Hay en España docenas de políticos imputados en 1.661 causas abiertas por corrupción (datos del CGPJ del año 2013). Todos deben ser tratados de la misma forma, incluida Magdalena Álvarez, cuya imputación en el tema de los ERE acaba de ser confirmada por la Audiencia de Sevilla. Pero no es así.

En Valencia llegó a haber hasta 11 diputados autonómicos imputados (siguen cinco). Nadie dijo nada. Ninguna de esas plumas palmeras del PP que con tan fiero ahínco exige la dimisión de Álvarez como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pide la cabeza de los parlamentarios valencianos imputados.

Pero con Magdalena Álvarez se actúa de manera diferente. Muchos palmeros la odian porque ejerció con decisión y energía el mando en un mundo de hombres. Puso firme a sus amigos, aquellos cajeros díscolos, ¡esos sí que eran prepotentes!, de Sevilla y Córdoba.

Pero vayamos al fondo de la cuestión. Una vez confirmada la imputación y embargados sus bienes para cubrir la fianza de 29,5 millones de euros, Álvarez queda en manos de la justicia. Y a ella habrá de someterse.

Ya se verá en su día si realmente la exconsejera de Hacienda, con el presidente Chaves y otros miembros de sus Gobiernos, crearon un sistema conscientemente ilegal para que un par de chorizos llegaran más tarde y afanaran unos cuantos millones de euros. No es creíble.

Ninguno de los políticos señalados por Alaya se lucró de esos fondos. Como dice Felipe González, “algún día vamos a diferenciar los políticos que se enriquecieron con fondos públicos de los que no”. Y remacha: “Magdalena es de una integridad personal a prueba de bombas”.

Por tanto y por ahora, imputada sí, condenada no. Hasta el presidente Rajoy recordaba hace unos días en Bruselas que “una imputación en absoluto supone una declaración de culpabilidad y, por tanto, mientras no se demuestre lo contrario, todas las personas son inocentes”. Incluida Magdalena Álvarez. La que ni se parte ni se dobla.

@JRomanOrozco