El alcalde de Porriño pagó sobresueldos a enchufados en el Ayuntamiento

Enchufismo, contratos en fraude de ley y sobresueldos. Los investigadores del caso Multiusos aseguran que el Ayuntamiento de O Porriño presidido por Nelson Santos, del PP, ha tenido como “práctica habitual” durante sus consecutivos mandatos pagar las nóminas de los trabajadores que ha contratado a dedo “sin tener en cuenta la base reguladora”. Documentos del sumario de la operación en la que Santos y varios ediles de su grupo están imputados por malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y vulneración del derecho de los trabajadores revelan que el alcalde y su núcleo duro —el teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, y el concejal de Empleo, Manuel Alejandro Lorenzo— remuneraban a unos empleados por encima de lo que les correspondía legalmente mientras que a otros les pagaban de menos.

La policía judicial no ha conseguido saber qué fórmula utilizaba el gobierno municipal, que cuenta con el respaldo de Feijóo, para distribuir el dinero de las nóminas, pero acredita que entre 2010 y 2013 el Ayuntamiento pagó sobresueldos de entre 51.000 y 124.835 euros solo entre los enchufados a los que hizo contratos de colaboración social. A cambio, detrajo entre 4.600 y 102.000 euros a otros empleados. El teniente de alcalde les informaba de que “por cambios en la legislación” tenían que pagarles menos. La mayor parte de los contratados perjudicados económicamente a los que la policía judicial tomó declaración informándoles de que podían reclamar la cantidad que el Ayuntamiento les había sustraído irregularmente de sus nóminas, se negó a hacerlo. “Se percibe el temor que tienen a declarar contra los gestores del Ayuntamiento ya que creen que no los volverán a contratar”, explican los agentes. Los perjudicados en las nóminas incluso muestran “agradecimiento” hacia el alcalde y los concejales “por haberles conseguido un puesto de trabajo”, sostiene el informe, que apela a la “vulnerabilidad de estas personas que carecen de empleo” para concluir que, por ese motivo, “aceptan cualquier trabajo sin percatarse del abuso al que los someten y aunque les paguen menos del dinero que les corresponde por derecho”. Las irregularidades detectadas por la policía judicial de Tui van más allá de la selección “fraudulenta” del personal que realizaba el responsable de la oficina municipal de empleo, Porriemprego, José Manuel Cabanelas (imputado en la misma causa) sin consultar la base de datos, y del pago arbitrario de las nóminas. Los contratos de cooperación de O Porriño realizados por el popular Nelson Santos y sus más estrechos colaboradores con subvenciones de la Xunta de Galicia están igualmente plagados de irregularidades, según el mismo informe judicial.

El Ayuntamiento contrataba peones para trabajar en el “programa de urbanización de espacios urbanos y rurales” que pagaba la Xunta, aunque en realidad colocaba a alguno de estos elegidos a dedo como conserjes de colegios del municipio. A otros peones “los requerían” fuera del horario laboral para realizar tareas ajenas a su contrato “tales como conducir el vehículo de bomberos”. Estas actuaciones incurren en “un fraude de ley en materia laboral”, sostienen los agentes judiciales que investigan el caso. Algunos vecinos conseguían colocarse ellos y a sus parientes en distintas dependencias municipales; otros recalaban en el Ayuntamiento tras haber trabajado en la Diputación de Pontevedra o en las empresas del municipio vinculadas al PP y al equipo de gobierno; algunos eran familiares directos de concejales o del propio alcalde y otros, simplemente, amigos a quienes el regidor y su primer teniente de alcalde llamaban por teléfono, según consta en los pinchazos telefónicos, para que fueran a los plenos “con gente” para presionar a la oposición.

Entre los contratos de parientes de concejales del PP señalados como irregulares en el informe judicial figura el de Patricia Saborido, mujer del edil de Canteras, Manuel Martínez Nogueira (también imputado), con quien además comparte despacho profesional en el municipio de O Porriño. Saborido pasó facturas al Ayuntamiento por más de 3.000 euros pero cuando el interventor se percató de su parentesco con el concejal del grupo de gobierno y alertó a este de la incompatibilidad de la contratación de su mujer, Martínez Nogueira le restó importancia “dejando ver que las normas permitían esa contratación” que finalizó, sin embargo, súbitamente cuando alguien llamó al Ayuntamiento preguntando al respecto.