Lo que se debe a Bruselas

En 1986 recorrer los 80 kilómetros que separan O Porriño de Ourense suponía más de una hora y media de curvas. Aquel año Galicia entró en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) y comenzó una lluvia de millones que permitió terminar en 1999 la Autovía das Rías Baixas y reducir el viaje a 45 minutos. Ese mismo 1999 el Ayuntamiento de O Porriño comenzó los trámites para construir un centro de interpretación del espacio protegido de As Gándaras de Budiño. El edificio se inauguró en 2002 tras gastar en él 420.000 euros, 300.000 de ellos de fondos europeos, pero nunca se usó. El pasado diciembre su ruinosa estructura se desplomó y mató a un parado de 36 años que recogía chatarra.

 O Porriño, nudo de comunicaciones y núcleo industrial clave del área metropolitana de Vigo, ejemplifica qué ha hecho Galicia con los 20.000 millones de euros de fondos europeos recibidos desde 1986, que la sitúan como la segunda comunidad en volumen de ayudas tras Andalucía. Se han destinado fundamentalmente a infraestructuras y han contribuido a modernizar el país, pero su impacto real en la economía gallega, coinciden los economistas consultados, es muy difícil de valorar y, de hecho, apenas se ha intentado. Lo que sí ha aumentado en estos 28 años es la capacidad de decisión sobre ese dinero del Parlamento Europeo, que se renovará en las elecciones del próximo día 25, las séptimas en las que votarán los gallegos.

El profesor de la Universidad de Santiago (USC) Melchor Fernández, director durante ocho años del Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega), apunta que “el control de los fondos europeos es fundamentalmente posterior y de fiscalización, de Tribunal de Cuentas, de si se han gastado legalmente, pero no de eficiencia, no del uso que se la ha dado finalmente a la carretera construida, de su impacto en el bienestar del ciudadano”, lo que atribuye a que “la cultura evaluadora es muy reciente”. Por ello, argumenta, es difícil saber el impacto real de esos fondos en los últimos 28 años de la economía gallega, porque “al cruzar indicadores, no siempre sabes a qué política atribuir su evolución”. Similar opinión tiene Edelmiro López Iglesias, también profesor y economista de la USC y del Idega, con responsabilidades en la gestión de fondos europeos durante el bipartito en la Consellería de Medio Rural. “Solo se han hecho estudios con perspectiva contable o para una inversión determinada, pero no hay evaluaciones globales”, indica.

Una aproximación puede ser el estudio que los economistas José Franciso Armesto y Santiago Lago realizaron en 2009 sobre el impacto de 3.600 millones recibidos en el periodo 2000-2006. Su conclusión al analizar el Producto Interior Bruto (PIB) per capita, elemento clave para recibir ayudas, fue que “la convergencia con la media española se ha producido exclusivamente por la pérdida de peso poblacional”. Melchor Fernández aporta a esa reflexión otro matiz, a modo de pescadilla que se muerde la cola: “Los problemas demográficos que tenemos son en parte porque no hemos generado actividad económica suficiente para atraer trabajadores y cambiar la dinámica de envejecimiento”.

El análisis de Armesto y Lago admitía que “la fuerte inyección de fondos comunitarios posibilitó un crecimiento económico superior al que se registraría en ausencia de dicha ayuda” y que “las carencias infraestructurales de la economía gallega eran muy grandes”. Pero reclamaba “dejar más espacio para la formación continua y la I+D+i”, una petición que los autores consideran vigente. La UE viene apostando por esos ejes menos visibles políticamente desde 2000, pero los potenciará aún más en su nuevo presupuesto 2014-2020, cuando Galicia recibirá unos 2.800 millones, un 30% menos que hasta ahora por haber mejorado su renta. Claro que la idea inicial, antes de aprobarse ese “aterrizaje suave”, era que Galicia dejase de recibir fondos en 2013, cambio que el Gobierno gallego atribuye a su gestión.

El insuficiente aprovechamiento de las ayudas europeas no es un problema nuevo. Ya a finales de los años 90, en un informe de la Comisión Europea realizado por los economistas de la USC Alberto Meixide y Juan José Ares, se elogiaba la mejora en infraestructuras de transporte y telecomunicaciones pero se advertía de que la convergencia con el resto de Europa y España en cuanto a PIB y paro debía mejorar. López Iglesias hace ahora una visión de conjunto y considera que en los 15 primeros años en la UE “hubo un comportamiento negativo” de la economía gallega en el que, sin embargo, “se fueron generando unas condiciones, con la mejora de infraestructuras y de la competitividad empresarial, que permitió que la economía emergiera a finales de los 90”. Hoy, apunta Melchor Fernández, se ha recortado el desequilibrio entre las comunidades, pero ha aumentado dentro de ellas, también en Galicia, donde a su juicio “se ha favorecido a las zonas que ya estaban más desarrolladas”.

López Iglesias está de acuerdo con esa afirmación y matiza que, así como las grandes inversiones se han destinado a zonas ya activas, como la costa atlántica, en el resto ha habido una “lluvia fina”, sin planificación, en la que se han combinado la “modernización productiva del rural” con “cosas irracionales” y “tonterías” cuya suma “es en todo caso infinitamente inferior al coste del Puerto Exterior de A Coruña”. Y recuerda que esa concentración de las inversiones en zonas ya pujantes no es exclusiva de Galicia: “Se repite en toda España al potenciar el Mediterráneo y Madrid; porque la T4 de Barajas también se hizo con fondos europeos”.

Armesto, coautor del estudio de 2009, es de los que destaca el “abuso de la lluvia fina”, ese “café para todo sin priorizar”. “El impacto de los fondos ha sido positivo, hemos dado un salto importante, especialmente en infraestructuras”, destaca, pero admite que no hay estudios sobre lo que se podría haber hecho con esos recursos “si se hubieran invertido con prioridades claras”. Él es de los que considera que el medio rural no fue bien tratado y lo atribuye a “un proceso de urbanización que se da en todo el mundo”.

La visión de la Xunta difiere. Asegura que el 30% de las ayudas fueron al medio rural y la pesca, el 24% a infraestructuras y el 12% a medio ambiente. Para el futuro, la Consellería de Facenda, que hace algo más de un año reforzó su departamento de control y planificación de los fondos europeos, asegura que “para maximizar el impacto de los fondos, se formulará un enfoque cara a resultados”. También indica que se centrarán las inversiones “en unas pocas prioridades, las fundamentales para el crecimiento y el empleo”, admitiendo implícitamente que era una cuestión a mejorar.

Pero los economistas y estudios consultados dejan claro que las posibles lagunas inversoras tienen múltiples padres más allá de la Xunta, aunque el propio Gobierno autónomo admita que le correspondió gestionar en estos años el 61% del total de los fondos. En Galicia también han encauzado fondos europeos el Ejecutivo central, los ayuntamientos, las mancomunidades o la eurorregión, por lo que alguna decisión ha implicado, incluso, al Gobierno portugués. Lo ejemplifica un destacado economista que prefiere no dar su nombre: “Los alcaldes han optado por invertir los fondos en alcantarillados que podían haber realizado con impuestos locales, pero son impopulares; los sindicatos y la patronal los han destinado a financiar sus estructuras; las empresas a contratos temporales... Como sociedad no hemos rentabilizado todo lo posible ese dinero”, sentencia. En esa línea, López Iglesias y Armesto coinciden en que toda la sociedad debe hacer autocrítica. Y Melchor Fernández apunta una última clave: “No se ha preguntado al ciudadano de a pie por sus necesidades, solo ahora la UE dice que hay que hacerlo”.