Pallerols pide hacer trabajos sociales para evitar el ingreso en prisión

Fidel Pallerols, el empresario andorrano que desvió fondos públicos para la formación de parados, apura sus últimas opciones para evitar la cárcel. El pasado abril, después de que el Gobierno central le denegara el indulto, la Audiencia de Barcelona ordenó su ingreso en prisión “inmediato y voluntario”. Otro condenado por el caso Pallerols ya lo ha hecho: el miércoles, el exsecretario de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Vicenç Gavaldà pisó por primera vez la cárcel de Brians. Pero el empresario sigue en casa, a la espera de una (ahora sí) última oportunidad para eludir la celda.

En un escrito dirigido al tribunal, la defensa de Pallerols ha pedido que se sustituya la pena de siete meses de cárcel por el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad. De esa forma, se cumpliría la “función ejemplarizante” que invocó el tribunal cuando denegó la suspensión de la pena. La realización de trabajos sociales, además, sería más larga que la estancia en prisión, ya que debido a la brevedad de la pena Pallerols podría obtener en pocas semanas el tercer grado penitenciario, lo que le permitiría pasar el día en libertad y regresar al penal solamente a dormir.

La abogada de Pallerols, Berta del Castillo, cree que el castigo sería “público y notorio”, lo que sintoniza con la voluntad del tribunal de ordenar su ingreso en prisión para que sirva de ejemplo.

Después de una tortuosa investigación de 14 años, el caso Pallerols se cerró en enero de 2013 con una sentencia de conformidad pactada entre la Fiscalía y los acusados, que aceptaron penas mínimas de cárcel a cambio de reconocer los hechos: que parte de las subvenciones de la Unión Europea destinadas a fondos de formación fueron a parar a las arcas de Unió. En total, 388.484 euros. El partido que dirige Josep Antoni Duran Lleida también fue condenado como responsable a título lucrativo, con lo que aceptó haberse financiado de forma irregular a costa de las subvenciones para parados que gestionaba el Departamento de Trabajo. Pallerols era el propietario de la red de academias de formación que se prestaron al fraude.

Cuando la pena es inferior a dos años, como en este caso, los jueces suelen conceder la suspensión, lo que evita a los condenados el ingreso en prisión. Ése era, también, el planteamiento del que partían las defensas. La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona, sin embargo, se desmarcó de esa práctica habitual y denegó la suspensión “para intimidar a todos aquellos ciudadanos / políticos que pudieran sentirse tentados por la corrupción”. Lo contrario, razonaron los magistrados, sería “obsceno” y equivaldría a una “cuasi impunidad” de “políticos y poderosos” que “sucumbieron a las ventajas que proporciona el ejercicio del poder”.

Coincidiendo con la entrada de Gavaldà en prisión, Berta del Castillo presentó un escrito en el que el empresario se ofrece a prestar su cooperación, no retribuida, en determinadas actividades de utilidad pública. El escrito no propone qué tipo de trabajos podría desarrollar, aunque lo habitual es que sean servicios cercanos al lugar de residencia del condenado; en este caso, la provincia de Girona. El tribunal se pronunciará sobre esa petición tras escuchar la opinión del fiscal.