Una acusada en el juicio de Marcial Dorado pide los contratos con la Xunta

La primera jornada del macrojuicio contra Marcial Dorado y otros 15 presuntos colaboradores del entramado financiero con el que presuntamente blanqueó 21,8 millones de pesetas se dedicó ayer a las cuestiones previas, que los abogados defensores aprovecharon para plantear no solo recursos sino nuevas pruebas. Fue el caso de la letrada Rosa María Stampa Rodríguez, acusada de blanqueo de dinero junto a su marido y también abogado Félix Pancorbo, quien solicitó al tribunal que reclame a la Xunta todos los contratos que sus distintos departamentos hayan firmado con las empresas de Dorado Baúlde en los últimos 23 años.

 El juicio que arrancó ayer en la Audiencia Nacional en Madrid deparó en su primera sesión un claro intento por parte de Stampa de desmontar la tesis de la fiscalía de que las empresas de Dorado habían sido diseñadas para inyectar dinero procedente del narcotráfico. La abogada, que se sienta en el banquillo como supuesta parte del entramado, exigió conocer uno a uno todos los documentos o facturas que relacionan al contrabandista con la Administración autonómica, así como los contratos con ayuntamientos como los de Vilagarcía o A Illa de Arousa entre 1990 y 2013.

En un extenso escrito presentado al tribunal, la letrada y acusada, que ejerce su propia defensa, reclamó también la relación de ayudas económicas y subvenciones otorgadas por el Gobierno gallego a los negocios o alguna de las 24 empresas españolas vinculadas a Dorado Baúlde, casi todas con domicilio social en Galicia, principalmente en Vilagarcía. Otra de las solicitudes de Stampa hace referencia a las indemnizaciones públicas recibidas por Dorado o las concesiones administrativas que le fueron otorgadas para el desarrollo de sus empresas desde 1980, como las relacionadas con la distribución de combustibles. Entre las sociedades que podrían estar relacionadas en diversa documentación oficial, algunas ya sin actividad, figuran Petrogalicia, Programallo, Inmobiliaria Marlí, Mitulo, Xatevin, Palanquin, Distribuidora de Carburantes J.F. Oil, Marloda, Aromas de Arousa, Tropic Camping, Avenida da Ponte, Anfra Sistemas, Xastelas y Distribuidora de Carburantes. La documentación que reclama la acusada en calidad de letrada abarca los tres últimos gobiernos de la Xunta, tanto del PP como del bipartito PSdeG-BNG: los que presidieron Manuel Fraga, Emilio Pérez Touriño y Alberto Núñez Feijóo.

La fiscalía pide para Rosa María Stampa y su marido una condena de seis años de prisión y 22 millones de euros de multa para cada uno. Están acusados de colaborar con Dorado en la creación del entramado societario para blanquear dinero que, según la acusación, procede del tráfico de drogas y no del contrabando de tabaco. La actuación de Stampa y su marido “excede lo que pudiera interpretarse como una actuación o un asesoramiento profesional”, afirma la fiscal en su escrito de calificación.

El tribunal, presidido por la magistrada Manuela Fernández Prado, tendrá que decidir ahora si admite la solicitud de la defensa y pide al Gobierno gallego la documentación oficial. La oposición en Galicia ya exigió esos mismos documentos después de que este periódico informase de la vieja amistad de Dorado durante los años noventa con el actual presidente de la Xunta, entonces número dos de la Consellería de Sanidade. El Ejecutivo autónomo facilitó al Parlamento una lista de las relaciones comerciales de Dorado con las distintas consellerías en las últimas dos décadas, pero ha bloqueado el acceso a los contratos de los hospitales públicos en la época en que Alberto Núñez Feijóo compartía vacaciones y fiestas navideñas con Dorado mientras dirigía el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Feijóo fue preguntado ayer en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta en relación al juicio de su antiguo amigo, para el que se piden 15 años de prisión por varios delitos. El presidente se limitó a declarar: “Los jueces decidirán lo que crean oportuno”.

En la jornada de ayer, la defensa de Dorado pidió la suspensión del juicio ante la ausencia por enfermedad de uno de los principales acusados, el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Manuel Castañeda Becerra, petición que fue rechazada de plano por la Sala. El letrado de Dorado, Manuel Tuero, presentó al tribunal documentos bancarios que prueban que el 23 de diciembre de 1998 su cliente ingresó cinco boletos premiados de la lotería de Navidad, por importe de 432.728 euros, contradiciendo la acusación, que asegura que fueron comprados para blanquear y se ingresaron 10 días después del sorteo. La defensa también pidió la nulidad de las comisiones rogatorias enviadas a Suiza y varios paraísos fiscales, así como las intervenciones telefónicas por falta de motivación o no recoger la firma del juez instructor en algunos autos. Incluso llegó a plantear la incompetencia del tribunal al considerar que debería ser Suiza la jurisdicción competente, al ubicarse allí las sociedades matrices del entramado.