La fiscalía remite al Supremo la denuncia contra el TSJA por El Algarrobico

La denuncia de Greenpeace contra los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en marzo sentenciaron que los suelos en los que se levantó el hotel de El Algarrobico son urbanizables viaja de mano en mano. El grupo ecologista entiende que los magistrados podrían haber incurrido en un delito de prevaricación, ya que la misma sala de lo contencioso-administrativo de Granada había establecido en 2012 que esos suelos estaban protegidos, por lo que no se podía construir.

Greenpeace presentó la denuncia el 2 de abril ante la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid. Esta, a su vez, remitió el escrito a la Fiscalía Superior de Andalucía, al entender que no era un asunto de su competencia. El 21 de abril la fiscalía andaluza abrió "diligencias de investigación penal". Pero esta misma semana el fiscal al que se le asigno el caso ha decidido volver a enviar el caso a Madrid. Fuentes del ministerio fiscal apuntan que, al tratarse de magistrados, están aforados y por lo tanto la fiscalía competente sería la del Tribunal Supremo. 

El cambio de criterio del TSJA ha descolocado a los grupos ecologistas y partidos políticos, que en los últimos años habían visto que la mayoría de las decisiones que venían desde los tribunales marcaban la ilegalidad del hotel, levantado en el municipio almeriense de Carboneras y paralizado desde 2006. Pero el 21 de marzo los magistrados de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo de Granada sentenciaron que el paraje de El Algarrobico era urbanizable. Este fallo contradecía a otro de 2012, firmado por la sección primera de la misma sala del TSJA, en el que se estableció que esos suelos estaban protegidos por la normativa del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y que no eran urbanizables.

Los fallos contradictorios dentro de una misma sala son un problema en el TSJA. Así se reconoce en la última memoria anual de este tribunal. "Es oportuno insistir en la necesidad de la mayor uniformidad interpretativa y seguridad jurídica derivada, evitando resoluciones diferentes sobre cuestiones idénticas, tanto a nivel interno de las distintas secciones de la misma sala como entre las tres salas", se apunta en la memoria.