La Audiencia respalda a Alaya al censurar el sistema de pago de los ERE

La Audiencia de Sevilla ha marcado un punto de inflexión en el caso ERE al sumarse a las severas críticas hacia el sistema que la Junta de Andalucía instauró para pagar el fondo dotado con 721 millones. Los jueces inclinaron la balanza hacia la juez Mercedes Alaya, y apoyaron sus tesis sobre que el Gobierno andaluz diseñó un sistema para propiciar y perpetuar el fraude durante una década (2001-2010). La decisión de la Audiencia supone algo más que un capote para Alaya, especialmente después de que esta haya recibido cuantiosas críticas a su controvertida instrucción. Es un aval decisivo que dota de oxígeno a la magistrada y le permite afrontar el último tramo de su investigación político-financiera con cierta holgura antes de enviarla al Tribunal Supremo, dado que afecta a siete cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Y hasta cierto punto, el auto de la Audiencia supone una autocorrección, ya que la Sala había aclarado que la instrucción de la rama político-financiera había alcanzado “el límite máximo” y Alaya debía desprenderse del caso para elevarlo al alto tribunal. En diversas ocasiones la juez ha aclarado este invierno que esta investigación es “inescindible” y que su final está cerca, pero lo cierto es que aún no se divisa en el horizonte procesal.

Hace casi un año Alaya abordó un “paso cualitativo en la instrucción” al imputar por malversación y prevaricación a 20 altos cargos de la Junta, entre los que destacaba la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez. El Gobierno andaluz se opuso en un sonado recurso en el que acusó a Alaya de poner “en peligro la democracia”. Meses después, tras un primer recurso de Álvarez, la Audiencia tumbó la imputación de Álvarez y pidió a Alaya que concretara sus acusaciones. Alaya acató la orden y precisó sus argumentos a finales de octubre. Mientras, la exministra defendió la legalidad del fondo y negó que conociera los reparos de la Intervención General de la Junta.

Ese intercambio de autos y recursos, que incluyó dos declaraciones de la exministra ante la instructora, finalizó ayer. Tras 10 meses, la Audiencia ratificó esta imputación mientras se posicionaba a favor de las tesis críticas hacia el fondo, con el duro informe de la Intervención General del Estado como referencia. Al respecto, el BEI resaltó que está analizando el auto y que se toma “muy en serio” las acusaciones sobre el uso indebido de fondos.

En su resolución, los jueces evitan tildar de “ilegal” el sistema de pagos de los ERE a través de las transferencias de financiación, e incluso definen como “razonable” el argumento de la Junta cuando defiende que la partida fue incluida en la Ley de Presupuestos y por tanto no puede ser ilegal.

Sin embargo, la Audiencia subraya que “no es irracional o arbitraria la hipótesis de entender” que el sistema fue introducido “para propiciar lo que finalmente ocurrió [el fraude]”. La pregunta de los jueces ofrece pocas dudas: “¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pudiera prolongarse sin control alguno durante unos 10 años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria?”.

El de ayer es el pronunciamiento de la Audiencia más sólido sobre el caso. Incluye consideraciones inéditas hasta la fecha por sus críticas abiertas y veladas. Eso sí, los jueces no entran a valorar el fondo de la cuestión sobre la legalidad o no del fondo de los ERE, matiz que sustenta la acusación de Alaya para imputar y preimputar a la cúpula del Ejecutivo autónomo. La Audiencia se limita a subrayar que a estas alturas de la instrucción, los indicios recabados apuntan a que un cargo como Magdalena Álvarez pudo tener responsabilidad penal en el diseño del sistema de pago instaurado para el fondo de los ERE al dirigir la Consejería de Hacienda entre 1994 y 2004.

El auto aclara la “solidez” de la “fundada sospecha” de Alaya, que “ha actuado correctamente, huyendo de generalizaciones al detallar de forma precisa los hechos que atribuye a Álvarez”. Los jueces destacan que “es innegable” el hecho de que la instrucción ha permitido detectar que “el uso desviado, por ilegal, de los fondos públicos quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas” por la Consejería de Empleo.

La Audiencia subraya la “especial gravedad de la presunta malversación” que achaca Alaya a Álvarez, un delito que prescribe a los 15 años, por lo que aún la justicia aún puede y debe perseguirlo. Los jueces sostienen que Alaya ha actuado de forma correcta al imputar a la exministra, en vez de citarla como testigo sobre los hechos investigados. En definitiva, Alaya dispone de vía libre para proseguir sus pesquisas sin prisas.