Ourense investigará las obras en la casa del alcalde cargadas al Plan E
El PSdeG rechazó la propuesta por considerarla parte de un show mediático creado por el PP La reforma pagada con fondos públicos acabó en la Fiscalía tras la denucia de los populares
Las aceras de casa del alcalde socialista de Ourense que debía pagar él pero que acabó endosando al Plan E serán investigadas políticamente en el Ayuntamiento, siempre y cuando el grupo de gobierno obedezca a la oposición. El pleno municipal ha aprobado la creación de una comisión de investigación con los votos de PP y Democracia Ourensana y la abstención del BNG, mientras que el PSdeG rechazó la propuesta por considerarla parte de un “show mediático” orquestado por los conservadores. La polémica obra pagada con fondos públicos acabó en la fiscalía tras la denuncia de los populares. Los socialistas respondieron con otra denuncia sobre la presunta falsificación del documento que sirvió para destapar el caso.
Los conservadores quieren una investigación política “por la gravedad de los hechos” y para “aclarar la presunta comisión de los delitos de suplantación de identidad y falsedad en documento público” en el expediente de las obras de urbanización de la calle de la casa del alcalde ourensano. Y es que Agustín Fernández denunció que es falso un documento custodiado en la Concejalía de Urbanismo desde marzo de 2011 en el que un vecino aludía a su acera.
La edil de Urbanismo, Áurea Soto, defendió que el regidor “fue tratado igual que otros en casos similares”. Fernández había depositado un aval bancario para ejecutar la acera que le fue devuelto en cuanto el Plan E pagó la obra. El interventor y un técnico consideran irregular lo sucedido y reclaman al alcalde 28.000 euros. “La acusación se hizo para difamar al alcalde montando shows", acusó Soto al PP. La concejala explicó que no va a paralizar el servicio de Urbanismo para investigar nada porque tienen mucho trabajo a causa de la mala gestión heredada del anterior gobierno y porque ya está en manos de la fiscalía. “Ese papel no lo falsificó ningún miembro de este gobierno y solo les sirvió a ustedes para su estrategia de comunicación”, insistió.
El portavoz del PP anunció que se “autodenunciará” tras una acusación de Soto en la que deslizó la participación de Rosendo Fernández en la presunta trama de falsificación. El líder local de los populares recordó que llegó al Ayuntamiento tres meses después de que el papel fuese registrado. “Usted vomita con rencor y va a tener que explicarse de nuevo en los juzgados”, respondió a Soto. Aunque al BNG no le parece ético que la acera fuese endosada al Plan E, se abstuvo en la aprobación de la investigación política. La creación de la comisión quedó refrendada con los votos de PP y Democracia Ourensana (DO), aunque su ejecución recae únicamente en el grupo de gobierno en minoría que la rechazó. El regidor, que no se ausentó en la Junta de Gobierno que acordó urbanizar su calle con fondos públicos, sí se fue de este pleno por tener intereses directos en el debate.
Medio millón de euros para Pokémon
El Gobierno de Ourense levantó en el pleno reparos a decenas de facturas del Grupo Vendex, la empresa en torno a la que gira la trama corrupta de la Operación Pokémon. El interventor municipal considera irregular el pago de 550.000 euros por servicios prestados desde diciembre de 2013. No es la primera vez. El Ayuntamiento lleva pagando desde mayo de 2011 facturas sin contrato a una sociedad de Vendex que se encarga de la limpieza de dependencias municipales. A pesar de que el alto funcionario considera “irregular desde el punto de vista de la gestión de fondos públicos” el abono reiterado de facturas sin sustento contractual (el servicio tiene un coste anual de 620.000 euros), la legislación vigente permite al regidor tumbar estas objeciones formalizando los pagos a través de un decreto de la alcaldía.
La autorización política de estos pagos debe ser refrendada con la firma de un técnico. Y en el caso de las facturas de Vendex, firma la edil de Urbanismo, Áurea Soto. Fuentes municipales explican que los “temores” de los técnicos a verse salpicados por la investigación judicial de la juez Pilar de Lara, han motivado que ninguno de ellos haya querido rubricar los papeles que sustentan los decretos. De hecho, la juez ha requerido en los últimos meses diversa documentación al Ayuntamiento sobre este reiterado proceder. Este mes de mayo y tras tres años pagando sin contrato a Vendex, la empresa Seralia, nueva adjudicataria, tenía previsto tomar el control de la limpieza de edificios. El alcalde, Agustín Fernández, levantó hoy reparos de intervención a facturas de diversas empresas por más de 1,1 millones de euros.
