Los dueños de viviendas vacías deberán inscribirlas en un registro público

El Gobierno catalán atará corto a los dueños de las viviendas vacías, que estarán obligados a inscribirlas en un registro público dependiente de la Agencia de Vivienda. El objeto de este censo, en el que la Generalitat podrá inscribir pisos de oficio, es el cobro de un impuesto sobre las casas que lleven más de dos años desocupadas. Así lo prevé el anteproyecto de ley de este tributo, que este viernes salió a información pública y que prevé un tipo impositivo que va de los 500 a los 1.650 euros anuales por vivienda vacía, dependiendo del volumen de propiedades que posea la empresa o entidad financiera.

El borrador de la ley justifica el impuesto en el “incumplimiento de la función social de la propiedad” que supone acumular pisos vacíos. Se trata del mismo argumento que empleó el tripartito para crear la figura del alquiler forzoso, que CiU eliminó al llegar al poder en 2011 mediante la ley Ómnibus. De hecho, el texto recuerda que la ley del Derecho a la Vivienda ya introdujo medidas coercitivas para movilizar pisos desocupados y resalta que Dinamarca, Reino Unido o Francia también prevén un gravamen similar.

El impuesto, recogido en los acuerdos de legislatura de CiU y ERC, se aplicará en los 70 municipios que el Plan Territorial Sectorial de Vivienda concluye que tienen una demanda “fuerte y acreditada”. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que ha impulsado la medida, estima que en Cataluña hay cerca de 80.000 casas de obra nueva sin vender, de las que 15.000 están en estas localidades. El parque de vivienda asequible de la Generalitat cuenta hoy con unos 14.000 pisos, por lo que si la medida funciona se podría llegar a duplicar la oferta de pisos sociales. Además, a este paquete hay que añadir las viviendas usadas que no tengan inquilino.

El decreto afecta a “personas jurídicas”, de las que solo exime a Administraciones públicas y entidades del tercer sector. Sin embargo, va sobre todo destinado a movilizar las viviendas que puedan estar reteniendo las entidades financieras y el banco malo cuando solo el año pasado unos 15.000 ciudadanos perdieron su casa. Fuentes del sector añaden que ahora pueden estar también en manos de fondos de inversión, que han comprado carteras de créditos morosos y algunos paquetes de inmuebles.

El tipo impositivo cuenta con tres tramos graduales y se sitúa finalmente entre los 500 y 1.650 euros anuales por vivienda. A las empresas que posean hasta 120 viviendas vacías se les aplicará unos 500 euros por unidad; para el tramo entre 120 y 600 pisos el tipo será de 825 euros, y por encima de los 600, de 1.650 euros anuales. No se tendrán en cuenta las viviendas que tengan más de 120 metros cuadrados.

El anteproyecto contiene bonificaciones en el caso de que las entidades tengan pisos con alquiler social, que deberán ser reconocidos por la Generalitat. El descuento mínimo es de entre el 5% y el 10% en la cuota a pagar y alcanza el 75% si la empresa tiene más del 40% de su cartera de vivienda en régimen de alquiler. En el caso que tenga el doble de pisos arrendados con precios asequibles que vacíos, no deberá abonar nada.

El borrador también fija que el impuesto tiene “carácter finalista”. Es decir, lo que se recaude con él —entre 13 y 25 millones, de acuerdo con las previsiones— se destinará a políticas de vivienda, en especial en los 70 municipios donde se aplique la medida. La norma entrará en vigor tras su publicación oficial, pero el Ejecutivo espera poner en marcha el tributo el 1 de enero de 2015.