Bochornoso

Todo hace indicar que el sistema para repartir y verificar los cursos de formación en Andalucía era cuando menos tan imperfecto como el establecido para las subvenciones de los ERE. Además de coincidir en la imperfección, también hay muchas similitudes en la generosidad de las cuantías: montones de millones con los que regar una comunidad autónoma con los índices de paro más altos de la Unión Europea. Como ante esta lacra del desempleo todo presupuesto era pequeño para atajar este drama, todo el mundo dio por buena cualquier fórmula para agilizar la gestión de este dinero siempre que participara del reparto.

Al igual que ocurrió con el caso de los ERE, el Gobierno del PSOE en la Junta ha decidido enfocar este nuevo escándalo desde la perspectiva de la cantidad y sus primeras explicaciones están en la línea de minimizar el montante de las ayudas afectadas por las supuestas irregularidades, como si un grado de pestilencia en la gestión del dinero público tuviera que ser asumible. La otra justificación también es conocida, la de que ha sido la propia Administración la que inició la investigación interna antes de que se destapara el escándalo, que es una especie de huida hacia delante echándole la culpa a los de atrás. Como si los gobiernos que otorgaron las ayudas antes de que llegara Susana Díaz a la Junta fuesen de un partido distinto al suyo.

Como en política casi nunca se aprende de los errores, los socialistas llevan camino de tropezar con los cursos de formación en la misma piedra que en la de los ERE: el de negar la evidencia. Y las evidencias fueron advertidas por la Cámara de Cuentas en 2004, cuando alertó de “un manifiesto desorden en la concesión de las ayudas “ y “una continua ausencia de justificación del gasto realizado”. Un cúmulo de irregularidades que este organismo resumió en tres palabras: “Numerosas, persistentes y graves”. De poco sirvió el informe, ya que todo se siguió haciendo como siempre.

Hace unos días la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en una entrevista en este periódico, anunciaba en tono categórico una auténtica obviedad: que el que haya actuado mal en los cursos de formación “lo va a pagar”. Eso, será un quehacer de la Justicia. El suyo debería ser otro: explicar quiénes fueron los responsables de un sistema de control que permitía dar ayudas y subvenciones para cursos de formación a parados sin exigir luego las facturas de hasta el último céntimo de euro gastado. En esa misma entrevista, Susana Díaz reconoció que el caso de los ERE está siendo “bochornoso”. Habrá que esperar, pero el asunto de los cursos de formación tiene toda la pinta de acabar con el mismo adjetivo calificativo.

@jmatencia