Dos nuevas sentencias agravan la crisis del gobierno local de Santiago

Con diez de los trece concejales imputados en distintos casos de corrupción, incluido el alcalde, Ángel Currás, que lo está en dos, y la Junta de Gobierno a un paso de sentarse en el banquillo por cargar la defensa de uno de los ediles a las arcas municipales, al Ayuntamiento de Santiago llegaron ayer dos nuevas sentencias para enmarañar todavía más la vida política municipal. Ambas son contrarias al gobierno local. La del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) amenaza incluso el trabajo ordinario de la institución puesto que afecta a tres altos funcionarios responsables de la supervisión legal y administrativa de los acuerdos que aprueba la institución y que fueron elegidos a dedo por el actual ejecutivo.

El Tribunal Superior establece que el gobierno local cometió una ilegalidad al autorizar en febrero de 2012 el fichaje de un secretario municipal, un interventor y un tesorero para apartar a los anteriores responsables de esas tres áreas fiscalizadoras de su gestión. La sentencia coincide con otra dictada por un juez de Santiago que anula las sanciones a un mando de la policía local que acabó denunciando a sus superiores políticos por acoso, un caso que mantiene imputado al actual regidor de la ciudad. La sentencia firme del TSXG contra el nombramiento de los tres altos funcionarios ha sido dictada en respuesta a un recurso presentado en su momento por el PSOE local. Los jueces indican que cuando se aprobó el acuerdo ya había entrado en vigor una ley estatal que impedía a las administraciones públicas contratar nuevo personal. El fallo judicial habla de una “injustificada premura” y concluye que “resulta evidente que con la ampliación de la plantilla aprobada se está vulnerando dicha norma” que lo prohibía.

El trasfondo de la decisión municipal ahora anulada se remonta al momento en que aún ocupaba la alcaldía el popular Gerardo Conde Roa, dimitido después al ser imputado por delito fiscal. Escuchas policiales de aquella época incluidas en la Operación Pokémon —un sumario que indaga adjudicaciones irregulares y cohecho en distintas instituciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Santiago— destaparon un plan para relevar a los técnicos municipales y sustituirlos por funcionarios afines al nuevo gobierno. En esas conversaciones interceptadas por la policía, distintos ediles aluden a una supuesta complicidad de la Xunta para llevar a cabo los cambios, puesto que algunos requerían de la autorización del Ejecutivo de Feijóo.

La sentencia dice que “en contra de lo que entiende la Dirección Xeral de Administración Local” del Gobierno gallego, lo fundamental no es que los funcionarios sean seleccionados por la Xunta sino que “pertenecen a la plantilla del correspondiente Ayuntamiento, que es quien ha de abonar sus retribuciones”. La otra sentencia conocida ayer, de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Santiago y desvelada por Europa Press, anulas sanciones de un mes y dos días de empleo y sueldo que el gobierno local impuso a un policía municipal, quien a su vez denunció al alcalde y a otros cargos del Ayuntamiento por acoso y prevaricación.

El agente, José Antonio Carril, fue sancionado por supuestamente ausentarse de forma reiterada de Santiago con un vehículo oficial en su horario de trabajo. La sentencia judicial señala que queda probado un desplazamiento de Carril, en horario de servicio, al lugar de Biduido, en Ames, un día en que había “un Pleno conflictivo”. El propio policía reconoció ese viaje para “recoger una llave” por una “urgencia familiar”. Sin embargo, el juez señala que “únicamente está reconocido y acreditado” ese desplazamiento, “no estando probados” los otros dos en los días anterior y posterior, que también le imputaba el gobierno local, por lo que “no se dan todos los elementos” para que se pueda hablar de reiteración. “Ello quiere decir que no existe correspondencia entre la actuación imputada y sancionada y la norma tipificadora aplicada por la administración”, señala el juez. La sentencia sustituye la sanción económica por uso indebido del vehículo oficial por un apercibimiento verbal. Los pinchazos telefónicos incorporados al caso Pokémon también sirvieron para añadir luz sobre este episodio. Varios cargos del Ayuntamiento planearon una denuncia falsa con la colaboración del exjefe de gabinete del alcalde para relegar a un mando policial que resultaba incómodo al gobierno local.