La Fiscalía Superior asume las tesis de la policía y cree que puede haber delitos

La Fiscalía Superior de Andalucía avanza que las irregularidades contables detectadas en los cursos de formación se traducirán previsiblemente en ilícitos penales. Así lo determina la policía judicial adscrita a la fiscalía, una consideración que el ministerio público asume en su decreto emitido este martes y enviado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, las fiscalías de Sevilla y Málaga, y la Junta de Andalucía.

El decreto busca poner orden en las investigaciones policiales y judiciales paralelas que se solapan ahora en la comunidad. El fiscal superior, Jesús García Calderón, ordenó a su policía adscrita que analizara el contenido del duro informe de fiscalización emitido por la Cámara de Cuentas el pasado enero, que censuraba que el 89% de las ayudas concedidas solo en 2009 se hicieran sin “concurrencia competitiva”, como exige la ley. Y ahora la policía determina que la gravedad y persistencia de los indicios recabados apuntan a que presentan relevancia penal.

De las empresas que impartieron cursos de formación auditadas por la Cámara de Cuentas, una de ellas está siendo investigada por un juzgado sevillano y otra se encuentra en el listado de 17 firmas que investiga la Fiscalía Anticorrupción de Málaga por un supuesto fraude de 1,5 millones.

En su análisis, la Fiscalía Superior llama la atención sobre dos aspectos concretos: las exoneraciones de la Junta a las empresas para justificar ayudas por 296 millones entre 2009 y 2010 (los dos años investigados) del total de 746 millones concedidos. Estas exoneraciones se sucedieron año tras año porque cada ejercicio las empresas, Diputaciones y Ayuntamientos solicitaban impartir nuevos cursos, pese a que la Junta no había comprobado que el gasto de los ya impartidos antes estaba justificado por completo. Es decir, dado que el personal destinado a comprobar el buen gasto de cada curso subvencionado era insuficiente, la Junta utilizó este recurso legal para poder seguir dando salida a las nuevas líneas de formación. “Lo excepcional se hizo frecuente”, resumen fuentes del caso. El decreto resalta asimismo cómo la fundación pública Faffe acumuló subvenciones por 50 millones poco antes de desaparecer, una suma que no justificó. Tras disolverse la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) asumió los derechos de este organismo pese a que había concedido sus subvenciones. Es decir, el SAE gestionó los propios fondos que poco antes había concedido, una cuestión que la Fiscalía Superior subraya que debe ser aclarada.

Es previsible que tras el envío de este decreto a las ocho fiscalías provinciales, afloren más investigaciones de las que se tiene constancia, dado que en el último año se han presentado diversas denuncias ante las fiscalías y los juzgados de la comunidad.