Los presos sustituyen a empleados en los servicios de las cárceles catalanas

Teresa Rodríguez la han echado de la cárcel. Salió el 1 de abril y, desde entonces, no ha vuelto a pisar el centro para jóvenes de Quatre Camins, en La Roca, donde pasaba ocho horas cada día. Rodríguez, de 56 años, ha trabajado los últimos cuatro como auxiliar de cocina en la cafetería del penal, donde almuerzan los funcionarios. Ahora se ve en la calle, mientras su tarea diaria ha sido asumida por presos del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), una empresa pública de la Generalitat que se encarga de darles trabajo para favorecer su reinserción.

El cambio en la gestión de la cafetería —de externa a interna— afecta a ocho empleados y ha irritado a los sindicatos UGT y CC OO. También a Teresa Rodríguez. “Estoy de acuerdo en que la persona que, por desgracia, entra en una prisión tenga derecho a reinsertarse. Lo que no me parece tan bien es que, para hacer el bien a una persona, se haga el mal a otra. Llevo muchos años trabajando y cumpliendo las leyes, y ahora me veo así”, lamenta.

El caso del centro de Quatre Camins ni es único ni será el último. Desde 2012, el Gobierno catalán ha expresado su voluntad de que, cada vez más, sean los propios presos quienes se hagan cargo de los servicios del penal: lavanderías, economatos y alimentación. Las cocinas pasaron a manos de los presos primero en Ponent (Lleida), después en Wad-Ras (la cárcel de mujeres) y, ahora, en Jóvenes. “Sin prisa pero sin pausa, pasaremos a una gestión interna de esos servicios. Respetaremos los plazos de los contratos con las empresas externas, pero no las renovaremos”, explica la directora del CIRE, Elisabeth Abad.

“Sin prisa pero sin pausa, pasaremos a una gestión interna de esos servicios”

“¡Qué mejor que usar nuestros propios recursos!”. La medida, alega Abad, ayuda a la reinserción de los presos. “Adquieren autoestima y seguridad en sí mismos. Y, si trabajan y tienen dinero, pueden dar algo a sus familias”, sintetiza. La directora recuerda que los afectados no son empleados de la administración y rechaza la lectura que hacen los sindicatos: que se está sustituyendo a trabajadores por presos para gastar menos. “Si a la vez que hacemos políticas de reinserción ahorramos y ayudamos a autofinanciarnos, mejor, pero el CIRE no se creó para ganar dinero”.

En una comparecencia parlamentaria al poco de tomar posesión, Abad admitió que la gestión interna de las cocinas en Ponent y Wad-Ras ha supuesto un ahorro para la administración penitenciaria cercano al 21%. En números absolutos, eso son dos euros por menú. El recorte es posible porque los presos, aunque cobran por su trabajo, cobran menos que en el mercado laboral normal: una media de 270 euros mensuales, según los datos del Departamento de Justicia. Teniendo en cuenta que su jornada laboral no sobrepasa, en la mayoría de casos, las cuatro horas diarias, eso supone un 84% del salario mínimo interprofesional.

Teresa no sabe lo que cobran los internos que trabajan en el CIRE —intuye que menos— pero sí sabe la cantidad que reflejaba su nómina: 1.250 euros brutos al mes como auxiliar de cocina. “Si a un preso le dan para comida y gastos y luego tiene un dinero libre, aquí hay algo que yo me estoy perdiendo. No sé si eso es reinserción o negocio y a quién beneficia”, cuenta, airada, la mujer. Ella y sus compañeros han demandado a la empresa externa y a la Administración, a la que acusan de no haber buscado una alternativa.

“El anterior director del CIRE solía decir que había que competir con China”

“Apoyamos la reinserción de los presos, pero no a cambio de destruir puestos de trabajo. Y más cuando el objetivo es recortar gastos”, lamenta Ricardo Couceiro, de la Federación de Hostelería de UGT. Le secunda Liliana Baigorria, del mismo ramo en CC OO: “Los compañeros se han quedado sin nada y nadie se ha preocupado por ellos”.

En un contexto de crisis y alto desempleo, ¿es lícito que algunos trabajadores se vean reemplazados por presos? Los expertos admiten que es un asunto controvertido. “El trabajo de los internos puede entrar en el terreno de la competencia desleal y romper las normas laborales del país”, explica Ramon Alós, profesor de la UAB y autor de estudios sobre la inserción laboral de los presos en Cataluña. Alós matiza que se trata de un problema “limitado” —la población reclusa no llega a las 10.000 personas y no todas pueden trabajar— y, además, defiende que los presos gestionen servicios en las cárceles. “Tiene sentido que la cocina la lleven los internos, los resultados han sido positivos”.

Creado en 1989, el CIRE ocupa hoy a 3.853 personas —el 45% de los presos que pueden trabajar— que sirven lo mismo a la administración que al sector privado. En los 60.000 metros cuadrados que ocupan los talleres de los centros penitenciarios, los internos producen parte del mobiliario urbano de las escuelas públicas, imprimen el papel de oficio de los juzgados y confeccionan uniformes para los hospitales, entre otros. Unas 150 empresas también cuentan ya, para sacar adelante su producción, con la mano de obra del CIRE, que además diseña su propia marca de productos (made in Cire, se llaman) y los venden en establecimientos como Vinçon o El Corte Inglés. Los presos que están en semilibertad, además, pueden hacer trabajos en el exterior.

Abad, que asumió el mando del organismo el año pasado, pretende que aumenten los encargos al CIRE, tanto de la administración como, sobre todo, de las empresas privadas. Una de las aspiraciones estrella del organismo es ofrecer su mano de obra a empresas que, en un momento dado, decidieron externalizar la producción —a China, al norte de África— para que vuelvan a producir en Cataluña, en los talleres de las prisiones. Una de las empresas que ya lo ha hecho, gracias a las ventajas competitivas que supone el CIRE, es el fabricante de artículos de cocina Valira, de Reus. Justicia no dispone de los datos sobre cuántas empresas han seguido esa senda.

“Las empresas están mostrando una gran sensibilidad social, apuestan por la reinserción. Han pensado que, si pueden producir aquí, precio por precio lo hacen aquí”, resume Abad. El profesor Alós se muestra algo escéptico y apunta a otras motivaciones empresariales. “El anterior director del CIRE solía decir que había que competir con China. Las empresas no vuelven por las buenas, sino que se benefician de condiciones que no son las de mercado”.

Diversos diputados de la oposición han puesto el acento en la necesidad de “equiparar” los sueldos del CIRE con los del mercado laboral ordinario. “Si no, nos encontramos que, cumpliendo una tarea fundamental como es la reinserción, podemos practicar una especie de dumping social interno”, resumió el diputado socialista Ferran Pedret en la comparecencia parlamentaria de Abad. En esa sesión, David Fernández, de la CUP, fue más allá. “Es obvio que hay un sistema especial y excepcional de trabajo cautivo”.

En una línea similar se expresa Julián Ríos, experto en derecho penitenciario de la Universidad Pontificia de Comillas. “Que las personas presas puedan trabajar no sólo les permite conservar hábitos laborales, sino también formarse para acceder mejor a un trabajo cuando salgan de la cárcel. Ahora bien, ese trabajo debe quedar sometido a la legislación laboral, otorgando al preso todos los derechos que todo ciudadano en libertad tiene”.

“Nos hemos de plantear como sociedad qué hacemos con los presos. Si solo les queremos castigar, no tiene sentido darles trabajo”, matiza Alós. El profesor dice que la formación y los trabajos que se dan en los talleres del CIRE son “simples, rutinarios, poco profesionalizados”. O sea, que contribuyen, pero poco, a la inserción laboral. Tenerlos ocupado tiene otras funciones: “A la gente condenada le hace pasar el tiempo. No están por el patio, no se comen la cabeza, se alejan de situaciones de conflicto, reciben disciplina, orden, respeto... Además, pueden comprarse algo o darlo a su familia, y eso ayuda a su autoestima”.