La dialéctica del chantaje

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair es una experta en lanzar ultimatums a la administración, de los que casi siempre obtiene algún beneficio. Su estrategia es bien conocida: primero ofrece instalarse en un aeropuerto o abrir nuevas conexiones a cambio de bonificaciones, que han de ser sustanciosas, y una vez instalada amenaza con irse si no se le aumentan las ayudas. Lo hizo ya en 2011 y le salió muy bien. Tras poner contra las cuerdas al gobierno de la Generalitat amenazando con dejar sin actividad los aeropuertos de Girona y Reus, acabó consiguiendo un nuevo acuerdo por el que recibiría 5,8 millones de euros más en 2012 y otros tantos en 2013 a cambio de mantener la actividad, pero las previsiones del acuerdo no se han cumplido pues en lugar de ampliar vuelos los ha reducido.

Ahora ha vuelto a la carga con un nuevo órdago: si la Generalitat aplica la nueva tasa medioambiental sobre el despegue de vuelos comerciales, rebajará aún más la actividad en esos aeropuertos. Y hasta ha cuantificado el alcance de su amenaza: solo con reducir un 20% las frecuencias semanales en el aeropuerto de Girona, Cataluña dejará de recibir 80.000 visitantes y el sector turístico dejará de ingresar 71 millones de euros.

¿Por qué será que ni la impudicia del gesto ni la osadía del envite causan ya ni sorpresa ni indignación? Sabemos que los poderes económicos hacen lobby y presionan siempre que pueden en los despachos del poder. Pero últimamente algunos de ellos ni siquiera se molestan en disimular. Plantean el chantaje a cara descubierta, como si fuera la más normal de las formas de relacionarse con el poder político, como hemos visto en las negociaciones sobre los proyectos de Eurovegas y BCN World.

Estos son los ejemplos más recientes y descarados pero la dinámica que nos ha conducido hasta ellos se inició hace tiempo, cuando muchos ayuntamientos comenzaron a competir en los años ochenta por la localización de empresas concediendo facilidades, reformas urbanísticas y bonificaciones fiscales a demanda. También las autonomías entraron en la lógica de la competitividad basada en la renuncia con rebajas de impuestos y gravámenes. Luego, en los noventa, tuvieron que ofrecer ayudas para que esas y otras empresas no se marcharan, a pesar de lo cual la oleada de deslocalizaciones produjo un éxodo interminable. Ninguna ayuda era suficiente para competir con mercados laborales más explotables. Nos consolamos entonces diciendo que siempre nos quedaría la apuesta por el “valor añadido”, el del conocimiento y la innovación, pero ahora vemos cómo detrás de las empresas se están yendo los ingenieros, físicos, arquitectos e informáticos que tanto nos ha costado formar. Y ya no competimos por atraer actividad de gran valor añadido, sino turismo de casinos.

La dinámica de subasta a la baja en la que estamos instalados nos está brindando humillantes ejemplos de sumisión del poder político a cambio de promesas más o menos vagas de crear empleo. Hemos visto a los máximos responsables políticos de Cataluña y Madrid peregrinar con su cartera de ofertas a los rutilantes feudos del magnate del juego Sheldon Adelson en Las Vegas. Después de otorgarle ventajosas concesiones en materia urbanística y laboral y de reducir a mínimos irrisorios la fiscalidad, ni Madrid, ni Barcelona. Al final ha resultado que al magnate no le interesaba España.

Ahora es el Gobierno de Artur Mas el que se muestra dispuesto a ceder ante BCN Word, la versión “nostrada” de Eurovegas, con la complicidad vergonzante de un PSC errático que pagará muy caro este nuevo error. No se puede criticar al Gobierno porque recorta en Sanidad o Educación y luego servirle la coartada para que deje de ingresar un dinero que tanto necesitan los servicios públicos catalanes. A nadie se le oculta que los puestos de trabajo son solo la coartada de unas operaciones que tienen mucho de especulativo. Por supuesto que queremos crear empleo. Pero como se ha visto con Adelson, por más facilidades que se dé a los inversores, si no les interesa no vienen. Y si vienen es porque les interesa. No alcanzo a comprender por qué los cuatro casinos que hay en Cataluña han sido hasta ahora perfectamente rentables tributando por los beneficios del juego al 55% y los seis previstos en Tarragona necesitan que se les rebaje al 10%, y menos teniendo en cuenta la enorme cantidad de turistas y jugadores que aseguran que van a atraer. Con la operación urbanística asegurada, ¿qué necesidad tenían de regalarles la rebaja fiscal? Naturalmente las concesiones a BCN World se extenderán a todos los casinos y ahora son las tragaperras y los bingos los que exigen rebajas fiscales. ¿Quién será el siguiente que se atreva con el Gobierno?

Las leyes, las normativas, no están ahí porque sí. Todos perdemos algo cada vez que el poder político cede a este tipo de presiones. El problema es que cuanto más cede y más veces lo hace, más se debilita el Gobierno y más fuertes se sienten quienes tienen algo que ganar con la dinámica del chantaje.