Jordi Cañas abandona su escaño tras ser imputado por fraude fiscal
El diputado prometió en enero que dejaría el Parlament si el Tribunal Superior le encausaba El juez investiga si confeccionó facturas falsas
El diputado de Ciutadans (C's) en el Parlament Jordi Cañas anunció ayer que renuncia a su escaño tras haber sido imputado por fraude fiscal. Cañas cumplió así el compromiso adquirido el pasado enero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comenzó a investigarle por haber confeccionado, presuntamente, facturas falsas que ayudaron a la empresa de un familiar defraudar al fisco cerca de medio millón de euros.
Cañas, cuya declaración está prevista para el próximo 15 de mayo, es el primer parlamentario catalán que dimite tras ser imputado por la justicia. CiU y el PSC, en cambio, tienen en sus filas cada uno a dos parlamentarios encausados pero, pese a ello, se mantienen en sus escaños. En sustitución de Cañas, entrará en el Parlament Carme Pérez, doctora y miembro de comité de empresa del hospital de Sant Pau.
El TSJC investiga a Cañas por su participación en un entramado empresarial que logró eludir el pago de impuestos. En la causa figura una factura de 105.000 euros emitida por una sociedad que el diputado compartía con su mujer y que, según los investigadores, “no responde a prestaciones ni servicios reales”. La empresa del familiar pudo defraudar, gracias a esa y otras argucias, casi medio millón en el impuesto de sociedades de 2005.
Dada la condición de aforado de Cañas, es el TSJC el órgano que debe investigarle. Cuando pierda esa condición, sin embargo, el caso regresará al juzgado de instrucción que lo investigaba inicialmente, y que ya había archivado la causa en relación con Cañas. La Abogacía del Estado, sin embargo, se opuso a la decisión y el caso siguió vivo.
El mismo día que conoció la investigación abierta por el TSJC, Cañas anunció que renunciaría a su escaño si resultaba imputado, lo que finalmente ha ocurrido. El diputado niega, no obstante, cualquier responsabilidad en la emisión de facturas falsas. En rueda de prensa, Cañas explicó ayer que se va para honrar a los votantes que le apoyaron y le dieron su confianza, y para renunciar a su condición de aforado y ser tratado como un ciudadano de a pie.
“No quiero dar ejemplo, pero espero tener un comportamiento ejemplar. Quiero comportarme con fidelidad a mis principios éticos y políticos. Quiero someterme al mismo procedimiento judicial que cualquier ciudadano en un momento en que la ciudadanía tiene serias dudas sobre los políticos”. Cañas reconoció que la decisión es irreversible a corto plazo. Aun así, confía en demostrar en poco tiempo su inocencia y volver a ser un representante público en las instituciones. “A los que se puedan alegrar, les digo que volveré”, dijo tras emocionarse en la rueda de prensa de despedida a la que asistieron varios de sus compañeros de grupo.
Anna Simó, que presidía ayer por la mañana la Mesa del Parlament en sustitución de Núria de Gispert, de baja médica, dio la despedida a Cañas durante el pleno sin que éste pudiera reprimir una sonrisa forzada. Diversos diputados le aplaudieron. Pere Navarro, líder del PSC, le dio la mano; y el líder de Ciutadans, Albert Rivera, un abrazo. Con un lenguaje ácido, socarrón, agresivo y azote de los partidos soberanistas —siempre se ha referido al diputado de ERC Pere Aragonés como el consejero de Economía en la sombra—, Rivera ha perdido a uno de sus principales diputados.
A los que se alegren de lo que ha sucedido, les digo que volveré", ha dicho Cañas en su despedida como parlamentario
La renuncia de Cañas supone un varapalo para Ciutadans, que se ha erigido desde el primer día en abanderado contra la corrupción. Sus rivales siempre han sostenido que Rivera podía exprimir esa estrategia porque apenas tiene cargos públicos y no tenía que asumir la factura de tener a ninguno de sus miembros imputados. Tras conocerse la investigación judicial, Rivera salió en defensa del diputado y aceptó que se mantuviera en el puesto al subrayar que el presunto fraude fiscal no era un caso de corrupción política y de malversación de fondos públicos. Con todo, señaló que respetaba la decisión personal de Cañas de renunciar al escaño si resultaba imputado.
La realidad es que Cañas ha cumplido su promesa de abandonar el Parlament. La postura de Ciutadans contrasta e incomoda a CiU y PSC, que han permitido a sus diputados imputados permanecer en la cámara. Se trata de los convergentes Oriol Pujol y Xavier Crespo (CiU) y de los socialistas Daniel Fernández y Cristófol Gimeno. CiU y PSC defienden al unísono que un político debe dimitir si acaba siendo juzgado, pero no antes. Artur Mas, presidente de la Generalitat, y Pere Navarro, líder del PSC, comparten la medida, recogida incluso en el caso de los socialistas en un documento elaborado por la fundación del partido. Sin embargo, Daniel Fernández, que está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, por un delito de tráfico de influencias, decidió hace dos semanas mantener el escaño y se limitó a renunciar al sueldo como parlamentario.
La sustituta de Cañas, Carme Pérez, es radióloga y preside el comité de empresa del Sant Pau. Pérez promovió las denuncias ante la justicia por las irregularidades en la gestión del centro.
Parlamentarios en el Tribunal Superior
La dimisión de Jordi Cañas impide, de momento, la creación de un hipotético grupo parlamentario con los cuatro diputados que ya están imputados: dos del PSC y dos de CiU.
Uno de los encausados socialistas es Daniel Fernández, exsecretario de organización del PSC, que está a la espera de que el juez abra juicio oral contra él. Si ocurriera y fuera al banquillo por tráfico de influencias por el caso Mercurio de corrupción, ha anunciado que dejará la Cámara. Su compañero de bancada Cristófol Gimeno, alcalde de Castellgalí, también está imputado por delito de administración desleal en la querella del fiscal por participar en los consejos de administración de CatalunyaCaixa. La diputada Montserrat Capdevila, también del PSC, aún no está imputada, pero espera lo que acuerde el magistrado Carlos Ramos por pagar con la tarjeta del Parlament sus viajes privados.
Por parte de CiU, los imputados son Oriol Pujol y Xavier Crespo. El primero también está acusado de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, procedentes del caso ITV. En cuanto al exalcalde de Lloret de Mar, está acusado por sus contactos con la mafia rusa y perdonar 133.000 euros en impuestos municipales al empresario ruso Andrei Petrov, vinculado con una trama que supuestamente blanqueó 56 millones de euros en España.
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