Los agentes sociales cuestionan la utilidad del Consejo de Transparencia

Antes de que los tres grupos del Parlamento andaluz presenten el día 10 de abril sus enmiendas parciales al proyecto de ley de Transparencia de Andalucía, ya lo han hecho esta semana un total de 22 agentes sociales y organizaciones a modo de aportaciones en comisión parlamentaria, contribuciones que los grupos pueden o no asumir como propias. La primera ley del pacto de gobierno de PSOE e Izquierda Unida que se debate en la Cámara ha recibido, salvo una excepción, el aplauso de los comparecientes, que han hecho dos peticiones genéricas: que haya consenso político y que sean valientes en la redacción final.

También con salvedades, hay una reclamación muy amplia para que se elimine del proyecto de ley el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, un órgano de nueva creación que se constituye como autoridad independiente de control de la ley y que tendrá un presidente elegido por el Parlamento, al que ayudara una comisión consultiva.

Los agentes sociales cuestionan su utilidad, ya que entienden que hay duplicidades con otros entes. El Defensor del Pueblo Andaluz, aunque no lo pide expresamente, recuerda que en Canarias las funciones de garantía y control en transparencia las realiza el defensor de esa comunidad. Y resalta que el Estatuto de Autonomía para Andalucía le otorga la corrección de las malas prácticas administrativas. De hecho, el 15% de las quejas presentadas el año pasado afectan a esa materia.

El Defensor del Pueblo no es el único que apuesta, más o menos abiertamente, por la supresión del citado consejo. También lo suscribe la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) que rechaza “generar más Administración”. Y el sindicato CSIF, el mayoritario en la Administración general de la Junta, considera un “tremendo error crear el enésimo órgano paralelo a la Administración” andaluza.

Frente a estas posiciones, desde Transparencia Internacional se considera un “avance importantísimo” el Consejo de Transparencia, aunque reclama que dependa orgánicamente el Parlamento y no del Gobierno y que su presidente se elija por mayoría cualificada —que obliga a un consenso mayor— y no por mayoría absoluta.

A favor de este órgano, se expresa también el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Emilio Guichot. Está considerado como uno de los mayores expertos en transparencia y opina que la creación del consejo es “lo más destacable” del proyecto, ya que “vigilará el cumplimiento de la ley y ante la que se podrá reclamar contra las denegaciones de información, obteniendo una respuesta rápida y sin coste, sin esperar a que el ciudadano quiera gastarse dinero en abogado, procurador, esperar unos años para una respuesta sobre una información que ya no tiene ninguna relevancia”. Guichot tiene dudas acerca de la idoneidad del Defensor del Pueblo para asumir esta tarea.

También hay división de opiniones sobre la obligatoriedad de la ley a la publicidad activa de todas las entidades que reciben dinero público. CC OO apuesta por el deber de transparencia para las organizaciones sindicales respecto a la actividad vinculada a la recepción de subvenciones públicas, pero advierte que la fiscalización de las cuotas de sus afiliados no pueden estar sometidas a “injerencias de los poderes públicos”. También la CEA, que hizo un exhaustivo análisis del proyecto de ley y advirtió sobre cuestiones de seguridad jurídica, sostiene que “no se puede asimilar” la publicidad activa de las administraciones con las de las organizaciones sindicales y empresariales, ya que debe quedar “limitada a las subvenciones” que reciben. Por el contrario, Transparencia Internacional mantiene que “no puede haber limitaciones para que la ciudadanía ejerza su derecho de acceso a la información y menos con la que está cayendo”. En esta línea, CSIF defiende que “dada la gravedad de la situación de descrédito que viven algunas fuerzas sindicales, la obligatoriedad de presentar cuentas no debería tener ninguna excepción”.

El único compareciente que desdeña la futura ley de Transparencia es la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública que la considera “absolutamente prescindible” porque “no aporta nada, salvo imprimir una marca totalitaria”.