Los buitres y el pim, pam, pum

El titular de El Confidencial sonaba espectacular en la calma chicha informativa de la Semana Santa: la Junta de Andalucía es investigada por un fraude masivo de 2.000 millones de dinero público, el mayor de la historia de España. Mucho mayor que los ERE o la Gürtel.

El digital basaba su información en un informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). Añadía que el fraude se llevó a cabo con “la colaboración imprescindible de altos cargos de la Junta”. Lo aseguraban “altos cargos” no identificados del Ministerio del Interior.

El Confidencial fue más lejos: señaló que estamos ante un plan programado por todos los gobiernos de la Junta de la última década para alimentar una red clientelar con la que ganar las sucesivas elecciones.

La acusación era gravísima. Curiosamente, la misma que le hacen al PP por el caso Gürtel: acudir a las elecciones de los últimos 20 años dopado con el dinero negro que le pasaban los grandes empresarios. La Junta de Andalucía salió en tromba a defenderse. Lo malo es que erró el tiro. En lugar de incidir en los datos, que los tenía, sobre el verdadero alcance de ese presunto fraude, acusó al ministerio de abrir una causa general contra Andalucía.

Los datos son: en septiembre de 2013 el Gobierno ordenó una revisión general de todos los cursos de formación impartidos entre 2007 y 2011. No se analizan los años anteriores porque, de existir alguna irregularidad, habría prescrito. En los dos últimos ejercicios no se convocó ningún curso.

Con la ayuda de 60 interinos contratados, se ha requerido documentación en 480 casos y se han abierto 56 expedientes de reintegro de fondos. Por su parte, la Fiscalía de Málaga, provincia en la que se investiga el presunto fraude, pidió a la Junta información sobre 17 empresas que obtuvieron en total 1.5 millones de euros. Eso es lo que hay hasta ahora. No parece el mayor caso de corrupción de la historia de España.

Aunque sí parece serlo para el presidente del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha hecho suya la cifra de los “2.000 millones de euros robados a los parados”. No extraña que Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE, le llamara buitre carroñero.

Un buitre empeñado en sacar tajada de este asunto, para lo que pide una comisión de investigación parlamentaria. Olvidando que ya el consejero Luciano Alonso, responsable de los cursos de formación, ha informado en varias ocasiones al Parlamento de la marcha de la investigación.

¿Es necesaria esa comisión? En aras de la transparencia, ley que se tramita ahora, posiblemente sí. Pero, como afirma el portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro, una comisión “sin circo; no estamos para el pim, pam, pum”. Que es precisamente lo que quiere el PP.

@JRomanOrozco