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Marcial Dorado rechaza pactar con el fiscal en su juicio por blanqueo

El ministerio público le pide 15 años de cárcel y 40 millones de euros en multas Permanece en prisión desde 2009 cuando fue encarcelado por su implicación en este proceso

En la recta final de uno de los mayores procesos judiciales en la historia del contrabando y el narcotráfico gallego, el principal acusado, Marcial Dorado, ha rechazado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional para intentar rebajar la condena solicitada de 15 años por cinco presuntos delitos: blanqueo de dinero, delito fiscal, falsedad documental, colaboración con organización criminal y violación de secretos.

El letrado Manuel Tuero, que ejercerá la defensa del célebre tabaquero de la Ría de Arousa, confirmó que su cliente no pactará previamente una sentencia de conformidad porque eso sería admitir su culpabilidad y perder una parte de su patrimonio valorado en 21,8 millones de euros, además de asumir prácticamente la totalidad de la cuantía de las multas de 40 millones por delito fiscal. En contra de lo que ha venido siendo la tónica general en estos últimos años para evitar los juicios por narcotráfico y blanqueo por parte de otros famosos procesados, Dorado Baúlde, de acuerdo con su abogado, ha preferido enfrentarse al tribunal que le juzgará a partir del próximo 8 de mayo, y durante al menos 13 días de vista oral, en la Sección Primera de la Audiencia Nacional.

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Dorado permanece en prisión desde 2009 cuando fue encarcelado por su implicación en este proceso. La trascendencia pública de su vieja amistad con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando éste era el número dos de la Consellería de Sanidade a mediados de los años noventa, han sido un gran obstáculo para lograr un permiso penitenciario antes de que la fiscalía le acusara por blanqueo. La fiscal del caso, Cristina Toro Ariza, centra su acusación en que la fortuna que levantó Dorado procede del tráfico de drogas. A su largo pasado como uno de los jefes del contrabando en Galicia, liderando una de las tres bandas más importantes que comenzó su trayectoria a finales de los años ochenta, Toro apenas le dedica unas líneas en su escrito de acusación de 85 folios.

La defensa de Dorado se ceñirá en demostrar todo lo contrario, que su patrimonio se remonta a los ochenta, cuando comenzó a enviar dinero a Suiza y desde allí a paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Liechtenstein y Bahamas. Tuero intentará desmontar los argumentos de la fiscal, que sitúa en 1994 los comienzos de Dorado en el narcotráfico a través de una mercantil domiciliada en Liechtenstein, Gallega Off Shore, SL, y Astilleros Hércules, empresas con instalaciones en Ferrol cuyo fin, señala Toro, era construir barcos para transportar droga. Junto a Dorado serán juzgadas otras 14 personas, entre familiares y testaferros, además de un teniente coronel, Juan Miguel Castañeda Becerra, exresponsable de la Comandancia de Guadalajara, acusado de denuncia falsa contra el juez Vázquez Taín. Se enfrenta a 10 años de cárcel e inhabilitación del cargo. Según el fiscal, ambos urdieron un plan con otro ex guardia civil, José Manuel Sánchez Zabala, y el exagente de Aduanas, Eugenio Fontenla, para orquestar una campaña de desprestigio contra Taín.

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