Firmas afines al PP de Porriño usaban medios y trabajadores municipales

El gobierno local de O Porriño (Pontevedra) que preside el popular Nelson Santos —imputado junto con otros tres concejales de su gobierno y la arquitecta municipal por diversos delitos— no solo adjudicaba trabajos inexistentes a empresas afines al PP obviando los reparos del interventor. La investigación judicial ha destapado además la existencia de una supuesta red clientelar tejida con la colaboración de esas sociedades próximas. Los informes recogidos en el sumario ponen de manifiesto que Santos y sus concejales más próximos enchufaban personal a través de las empresas vinculadas al PP a las que después el Ayuntamiento facturaba por trabajos que no se realizaban.

Testimonios de numerosos trabajadores de las sociedades investigadas (Impi, Mecánica Rocha, Abelmar, Narom y Jardima) incorporados al sumario dejan claro que la práctica totalidad accedía a los empleos tras pedir el favor al alcalde u otros concejales y que estos los enviaban a las empresas que los contrataban para servicios que en realidad realizaba el Ayuntamiento. Después, el director de la oficina municipal de empleo los recolocaba -—“sin entrar en el sistema para realizar la búsqueda”— con contratos sucesivos en el Ayuntamiento en donde se convertían en personal laboral. La investigación ha sido bautizada como Operación Multiusos.

Aunque el informe judicial evidencia que el gobierno realizaba esta práctica con las cinco empresas afines, la investigación se centra en Impi (Instalación de Maderas y Pavimentos Ibérica), vinculada, junto con Mecanica Rocha, al primer teniente de alcalde, el también imputado José Manuel Jacobo. En el sumario figura documentación bancaria que acredita que el primer teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, compartía una cuenta con el exadministrador de Impi y dueño de Mecánica Rocha, Laureano Leiros.

Según consta en la documentación, los empleados cambiaban de contrato de Impi al Ayuntamiento y viceversa sin solución de continuidad. Uno de los trabajadores explica a los investigadores judiciales que empezó a trabajar en Impi tras pedirle un puesto al concejal de Empleo Alejandro Lorenzo, también imputado. “Este habló con Celso, de Mecánica Rocha” y a los pocos días el enchufado del concejal entró en Impi. Después, el hombre trabajó para el Ayuntamiento con un contrato de colaboración social y otro de la Diputación de Pontevedra.

La vinculación entre Impi y el gobierno local era de tal calibre que incluso “facturaba al Ayuntamiento los equipos de protección individual que toda empresa debe prestar a sus trabajadores”. Y el gobierno de Santos pagaba. Los empleados de Impi estaban en realidad “integrados en los grupos de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento”, concluye el informe judicial. Los trabajadores narran uno tras otro a los investigadores cómo recogían las herramientas en el Ayuntamiento (la empresa “carecía de material”, solo disponía de una oficina frente a la Casa Consistorial) y la ropa de trabajo en la oficina municipal de empleo (Porriemprego). Los vecinos que el Ayuntamiento colocaba en las empresas afines “tenían los mismos trabajos, el mismo punto de reunión, los mismos horarios y estaban bajos las órdenes de las mismas personas” que los empleados municipales. Durante su trabajo para la empresa se trasladaban en coches del Ayuntamiento y utilizaban el material municipal, aunque después la empresa facturase por obras no ejecutadas.

El personal laboral del Ayuntamiento “desconocía por lo general” la situación de los contratados por Impi que estaban en su grupo. Los responsables municipales “ni siquiera informaban a los capataces de dónde venía la gente que les enviaban para realizar los trabajos”. “La estructura laboral de la mercantil Impi se asemejaba más a una Empresa de Trabajo Temporal que al objeto social por el que fue constituida”, detalla el informe judicial, que cifra en 31 personas las que fueron contratadas por el Ayuntamiento a través de empresas afines.