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Alaya imputa a un exedil del PP, un dirigente de CC OO y otras 13 personas

El número de acusados del caso se eleva ya a 166

La juez ordena la búsqueda y captura de un empresario

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos. Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos.

La juez Mercedes Alaya alimentó ayer la espiral del caso ERE con 15 nuevas imputaciones y dos pasos simbólicos: el primer dirigente nacional de un sindicato (CC OO) y el primer exdiputado provincial del PP, en una causa protagonizada por ex altos cargos socialistas con responsabilidad en la Junta de Andalucía.

La magistrada se fijó ayer en las sobrecomisiones pagadas en los ERE, así como en ciertas empresas beneficiadas de la Sierra Norte sevillana. En un nuevo auto, Alaya elevó el número de acusados hasta los 166, entre ellos José Luis Montesinos, secretario de Organización y Finanzas de la federación estatal de Industria de CC OO, y Ramón Polo, exdiputado provincial del PP en Jaén y ex edil de La Carolina.

Alaya desliza la posibilidad de que haya nuevas imputaciones tan pronto acabe de analizar el último atestado de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte sevillana, así como el informe de los Mossos d´Esquadra sobre la consultora catalana Vitalia, que ha provocado la imputación de Montesinos.

Tras el registro en la sede de Vitalia, los Mossos trasladaron a la Guardia Civil nuevos datos que han destapado más intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas que cobraron una prestación que no les correspondía). También revelan cómo sus pólizas fueron una “contraprestación” por haber captado operaciones para la consultora “en su lucha con otras mediadoras”, según destaca la juez. Como consultora de los ERE, Vitalia obtuvo sobrecomisiones y un pequeño porcentaje de estas revirtió en los protagonistas que le ayudaron a posicionarse ante la Junta, las empresas y los sindicatos, según la juez.

Alaya ya había cifrado en 4,2 millones las comisiones percibidas por los sindicatos en los ERE, y ahora abunda en cómo se convirtieron en “una importante fuente de información sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de reestructuración de plantilla y a cambio recibirían dinero de la consultora”. Por ello, tras haber acusado a cuatro dirigentes del sindicato en Andalucía, la juez imputa al número dos estatal de Industria en CC OO, al que achaca haber incluido como intrusos a personas vinculadas al sindicato. El pasado octubre su líder, Ignacio Fernández Toxo, defendió el papel de CC OO en los ERE al presentar los resultados de su investigación interna, aunque sí admitió “desorden” en algunos casos, pero sin “enriquecimiento ilícito”. Toxo subrayó que la investigación estaba sujeta a cambios dado que la instrucción judicial seguía en marcha.

La Guardia Civil ya pidió a Alaya el pasado otoño la imputación de seis sindicalistas, entre ellos varios líderes estatales de UGT y CC OO.

Entre los intrusos acusados destacan el ex secretario general del Metal de UGT en Jaén, Manuel Morales, y Ramón Polo, exdiputado y exedil del PP, incluido en la empresa Cerámicas Syre para percibir una póliza de 31.722 euros que no le correspondía y cuyo importe ahora le reclama la Junta de Andalucía. Asimismo, Alaya imputa al gerente en Córdoba de la federación de cooperativas de trabajo social Faecta, Francisco Moyano por recibir 120.000 euros “sin mediar solicitud alguna”. En este punto Alaya censura a la Junta por no haber reclamado dicha suma a la federación al concluir que no fue la “verdadera beneficiara” tras concluir una investigación hace un año.

En paralelo, la magistrada ordena a la Guardia Civil que detenga al empresario José Ángel Martín Moreno, dueño de la firma Gestifesa, dedicada a la asesoría para la obtención de subvenciones públicas y para la que trabajó durante un tiempo el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, que concedió la mayoría de las subvenciones investigadas.

En su auto Alaya fija un calendario de declaraciones para esta y la próxima semana que incluye a los exconcejales socialistas y empresarios de la Sierra Norte sevillana José Enrique Rosendo y José María Sayago, que recibieron casi 17 millones en subvenciones desde la Junta.

Por otra parte, Joaquín Yvancos, exabogado de José María Ruiz Mateos, declaró ayer como imputado ante Alaya e implicó al secretario de Política Municipal del PSOE federal y exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías, al acusarle de beneficiar al empresario jerezano. Según su testimonio, Ruiz Mateos llamaba a Zarrías “el virrey de Andalucía”, y relata varias reuniones y peticiones por parte del alto cargo socialista aforado. El letrado mencionó que Ruiz Mateos le contó cómo Zarrías le había pedido que comprara la fábrica de Yoplait en Sevilla y levantara otra de Primayor en Jaén, localidad de origen de Zarrías. A cambio, el diputado socialista a Cortes le ofreció “echar una mano en el PSOE, para ver si se arreglaba el tema de la vieja Rumasa”, según el testimonio del abogado. Yvancos, imputado por cohecho, tráfico de influencias y falsedad, tildó de “fluida” la relación entre José María Ruiz Mateos (hijo) y Zarrías. Este se limitó ayer a despreciar su testimonio: “No merece el más mínimo comentario”, informa Europa Press.

Cursos de formación

Por otra parte, el supuesto fraude cometido por algunas empresas en los cursos de formación pagados con fondos públicos en Málaga, amenaza la estabilidad del Gobierno andaluz de PSOE e IU, resquebrajada tras la crisis provocada por el realojo de las familias de la corrala La Utopía (Sevilla). Los socialistas aseguraron ayer que no apoyarán una comisión de investigación en el Parlamento andaluz si los populares así lo solicitan. IU, por su parte, no descarta "absolutamente nada". "Tenemos que garantizar ante la sociedad andaluza que se sepa la verdad de esas presuntas irregularidades”, defendió el coordinador general de IU, Antonio Maíllo.