El fiscal exculpa al diputado del PP que simuló su despido como alcalde
Sostiene que no actuó con "ánimo falsario" y lo atribuye al error de una gestoría
El falso documento con que la alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Celanova, Pilar Regueiro, certificó como despido involuntario el cese de su antecesor, Antonio Mouriño —renunció a la alcaldía para tomar posesión de su acta en el Parlamento gallego— a fin de que pudiera cobrar 1.000 euros de desempleo, no tendrá coste judicial. Tampoco lo ha tenido político. El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha archivado la denuncia presentada por Compromiso por Galicia (CxG). Aun reconociendo que era incorrecto que la baja del exalcalde fuese involuntaria, como intentó hacer valer Mouriño incluso pleiteando contra el antiguo Inem, entiende el fiscal que el parlamentario no realizó tal acción con ánimo falsario, sino “convencido de que actuaba conforme a derecho”.
El coordinador de CxG en Ourense, Xosé Manuel Pérez Bouza expresa su sorpresa por el archivo de la causa. “Parece que en ocasiones la justicia es ciega ya que donde cualquier ciudadano aprecia una clara intención de cometer un fraude, la justicia no ve nada”, sentencia. El fiscal jefe atribuye el “error” documental a una gestoría, a la que señala como encargada de tramitar los asuntos de personal del Ayuntamiento de Celanova. Precisa Delgado que esta empresa determinó el cese institucional involuntario del político “con carácter automático”. El fiscal justifica el archivo precisando que “no consta” que existiera instrucción a la gestoría por parte del Ayuntamiento.
Asegurar jubilación Cuando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le denegó el cobro de poco más de 1.000 euros y la condición de desempleado, Mouriño acudió a los tribunales. Según él mismo explicó posteriormente, pretendía garantizarse de esta forma la pensión de jubilación sin necesidad de trabajar un par de meses en el caso de no repetir en el escaño del Parlamento gallego en la próxima legislatura. También destacó entonces el parlamentario popular que él no había certificado su propio despido involuntario, hecho que atribuyó a su teniente de alcalde, Pilar Regueiro. Antonio Mouriño perdió el pleito contra el organismo estatal de empleo. El juez sentenció que el político había renunciado “voluntariamente al cargo de alcalde” y no porque lo hubieran despedido, como pretendía hacer valer.
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