El fiscal pide que se amplíe la investigación sobre ayudas a CC OO
El juez analiza las supuestas irregularidades en dos subvenciones dadas en 2009
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla que amplíe la investigación abierta sobre las supuestas irregularidades detectadas en dos subvenciones de 600.000 y 400.000 euros que, en 2009, la Junta de Andalucía concedió a CC OO en materia de salud laboral. El ministerio público pide que el juez estudie las ayudas dadas a la central desde 2005 ya que sospecha que “las deficiencias en el control y justificación de las subvenciones se pudieron haber producido en varios ejercicios y no solo en el denunciado”.
Según la fiscalía, el sindicato justificó, dentro de las partidas destinadas a un programa sobre riesgos laborales y a otro sobre la mejora de las condiciones de trabajo, los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista durante 20 fines de semana, informa Efe.
Entre los gastos justificados de CC OO, falsos según la policía, destaca un encuentro sobre salud laboral en abril de 2009 en el Palacio de Congresos de Sevilla por 33.811 euros, con 6.000 delegados. “No consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral”, denunciaron los agentes.
En el caso, están imputados por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta Esther Azorit y el secretario de Administración de CC OO en Andalucía Miguel Ángel Soto Cubero. En su declaración ante el juez, Soto Cubero negó cualquier irregularidad y alegó que “únicamente” se había producido “un error de contabilidad”. El sindicato cifró en 23.000 euros la partida destinada a un fin distinto del concedido, cantidad que depositó a finales de 2012 en el juzgado. La fiscalía defiende que el error asciende a unos 42.000 euros. La ampliación solicitada por la fiscalía se produce después de que en febrero uno de los interventores del caso declarara ante el juez que la memoria justificativa aportada por CC OO era “palabrería”.
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