El Gobierno regional no gana para sentencias

La Comunidad de Madrid no gana para sentencias. Por tercera semana consecutiva, el Gobierno regional ha aprobado el pago de una cuantía millonaria a raíz de un fallo judicial. En este caso, de 7.210.682,55 euros a la empresa Acciona Infraestructuras por la construcción de un centro de especialidades en Alcalá de Henares, en cumplimiento de una resolución de septiembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Con un presupuesto inicial de siete millones, el centro médico con 62 consultas de 15 especialidades repartidas en 6.325 metros cuadrados se inauguró en mayo de 2007 con un coste de 14 millones. “Lo que supone un exceso de obra de 7.187.013,03 euros”, aprecia la sentencia, debido a unas modificaciones de obra “que fueron verbales”. El precio fue consensuado con Acciona por un subdirector del Gobierno regional, que estimó que “había margen suficiente y la obra había que hacerla cueste lo que cueste”. Tanto costó que el precio de la obra subió en seis millones. La Administración no manifestó “ni verbal ni por escrito el desacuerdo” y “era consciente de la desviación del presupuesto”, reza el fallo.

Sin embargo, la Comunidad se resistió a pagar el sobrecoste a Acciona Infraestructuras. Así, la entidad mercantil interpuso en noviembre de 2010 una demanda contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en la que reclamaba que se le abonasen 6.330.056,33 euros (rebajados a 6,2 millones) para la liquidación de las obras realizadas y de otros 1.159.049,71 euros más IVA en concepto de revisión de precios. El Juzgado de los contencioso administrativo número 32 de Madrid estimó parcialmente el recurso en octubre de 2012, desestimando el pago de los 6,2 millones. A cambio, condenó a la Comunidad a abonar 255.363,27 euros más el 16% de IVA después de concluir que se había producido una revisión de precios.

“El centro de especialidades de Virgen del Val se cerró en 2007 y el centro de primaria se trasladó al centro de salud Juan de Austria, también nuevo, mientras que el centro de especialidades pasó a ser el centro de Francisco Díaz, en un barrio en el otro extremo de Alcalá”, indica Javier Rodríguez. El portavoz municipal del PSOE reivindica desde hace años que la localidad, la tercera más poblada de la región con 204.823 habitantes según el padrón municipal de 2013 —Madrid cuenta con 3.207.247 y Móstoles con 206.451—, la existencia de dos centros de especialidades. “Eso, o que al menos se refuerce alguna de las especialidades colapsadas en el actual centro integral de diagnóstico y tratamiento Francisco Díaz”, señala Rodríguez. El líder municipal socialista destaca que el antiguo centro médico en Virgen del Val permanece abandonado, sin ningún uso salvo el que le dan algunos okupas. “Se debería demoler y levantar en su lugar un centro de atención primaria”, subraya.

La semana pasada EL PAÍS publicó que el Ejecutivo de Ignacio González (PP) debía pagar 25 millones por otros dos fallos judiciales. La mayor parte, de 15,9 millones, corresponden a la universidad Politécnica, que reclamaba 89 millones “en cumplimiento de los planes de financiación, intervención, convenios y contratos suscritos” entre ambas entidades. El TSJM lo estimó parcialmente, rebajando la cantidad a 14,4 millones más intereses. El Consejo de Gobierno también autorizó en los últimos días 6,3 millones a IOS Finance EFC SA, firma especializada en facturas del sector público sanitario, por los pagos que el Sermas adeudaba a las proveedoras de productos farmacéuticos GlaxoSmithKline SA y GE Healthcare Spain entre 2008 y 2009.