Fernández mantiene el escaño pese a estar a un paso de juicio por ‘Mercurio’

El diputado del Partit dels Socialistes (PSC) Daniel Fernández está a un solo paso de sentarse en el banquillo. Y a un paso —si cumple su palabra— de abandonar temporalmente sus responsabilidades en el Parlament, aunque no su escaño. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio ayer por cerrada la investigación contra Fernández por tráfico de influencias en el caso Mercurio. El juez concluye que Fernández presionó a la alcaldesa de Montcada para que colocara a una exalto cargo del tripartito y ve indicios suficientes para llevarlo a juicio.

El exsecretario de Organización del PSC emitió, por la tarde, un comunicado en el que se compromete a renunciar a sus “derechos y deberes parlamentarios” si el tribunal emite un “auto firme de apertura de juicio oral”. Si tal cosa ocurre, añadió, se comprometió a renunciar a su sueldo aunque no a su escaño. La decisión contradice la tesis de Pere Navarro, líder del PSC, que en repetidas ocasiones ha sostenido que un diputado debería abandonar su cargo si va a juicio y en este caso la probabilidad es alta. El PSC incluyó esa medida en el documento Fortalecer la democracia, que presentó en mayo sobre medidas anticorrupción y que iba a aprobar en otoño.

En su auto, el magistrado Joan Manuel Abril da traslado a las partes —la defensa y la acusación— para que califiquen los hechos. La Fiscalía Anticorrupción pedirá una determinada pena de prisión para Fernández y, también, que se abra juicio oral, circunstancia que le llevará al banquillo. El imputado se mostró confiado en que eso no pase. “Presentaré recurso”, dijo. “Después de la instrucción creo, todavía con más convicción, que dar la opinión —si la piden— sobre un cargo de confianza no puede ser nunca un delito de tráfico de influencias”, agregó. Tras ser imputado, en 2013, Fernández renunció a sus cargos orgánicos en el PSC.

Además de Fernández, están imputados en esta causa —una de las piezas en las que se ha dividido el caso Mercurio, de presunta corrupción— el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos; su hermano y exedil, Francisco, y la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez. El juez y el fiscal consideran que, en mayo de 2012, los hermanos Bustos y el diputado “se prevalieron de sus cargos” para presionar a Pérez para que contratara, a dedo, a la excargo del tripartito Carmina Llumà para un puesto de responsabilidad en el Consistorio. Las presiones se produjeron después de que Lluma no superara las pruebas de selección. Fernández y Manuel Bustos pidieron entonces a Pérez que cambiara la calificación de “no apta” en el expediente. El exalcalde de Sabadell tenía el teléfono intervenido por el caso Mercurio. Esa fue la perdición de Fernández, a quien, en una conversación con Bustos, se le oye decir. “Que cojan a la empresa y al no apta le quiten el no, ¿vale?”. 10 días después, la alcaldesa nombró a Llumà.