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Feijóo respalda a las ciudades contra la reforma judicial de Gallardón

Abel Caballero exige para Vigo la mitad del Tribunal Superior de Xustiza

Feijóo tras la reunión del Consello
Feijóo tras la reunión del Consello

El clamor en Vigo, Santiago y Ferrol contra la última reforma judicial del ministro Gallardón, que centraliza la administración de justicia en las capitales de provincia y suprime el resto de partidos judiciales, encontró ayer eco en el presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo evitó las críticas directas al Gobierno central y recordó que la iniciativa es de momento un simple anteproyecto de ley, pero al mismo tiempo abogó claramente por mantener los servicios judiciales en las siete principales ciudades gallegas. Y con respecto a los partidos judiciales agregó: “En Galicia tenían una razón de ser y esa razón de ser permanece”.

 Feijóo siempre ha presumido de una excelente relación política y personal con el actual ministro de Justicia, a quien solía reclamar como refuerzo para todas sus campañas electorales. Pero las polémicas iniciativas de Alberto Ruiz-Gallardón desde que forma parte del Gobierno de Mariano Rajoy han distanciado sus posiciones políticas. El presidente gallego fue uno de los barones del PP más críticos con la reforma de la ley del aborto, y ahora, aunque con tono muy medido, también ha mostrado sus discrepancias con el anteproyecto de la nueva Ley del Poder Judicial, que dejaría prácticamente sin administración de justicia a las ciudades que no son capitales de provincia.

Feijóo, según explicó ayer tras el Consello de la Xunta, ha trasladado al Ministerio de Justicia que su reforma debe tener en cuenta las “peculiaridades” de cada comunidad autónoma. Aunque el presidente no lo citó, en el caso de Galicia parecen claras: además de la dispersión de la población, ni la ciudad más populosa ni la que acoge la sede de las instituciones autonómicas son capitales de provincia. De ahí que la Xunta, explicó el presidente, mantenga su postura de que en Galicia son necesarios “siete tribunales de instancia”, los nuevos órganos que sustituirían a las actuales audiencias provinciales. Feijóo también envió un “mensaje de tranquilidad a los posibles perjudicados” recordándoles que, de momento, se trata de una mera propuesta susceptible todavía de incorporar diversas modificaciones.

Entre los que se ven ya como damnificados figuran importantes miembros del PP. Uno es el alcalde de Ferrol y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), José Manuel Rey Varela, quien opinó que el plan de Gallardón “no es adecuado para los intereses de Galicia” ni para los de su ciudad. “La posible centralización de los servicios de justicia en las capitales de provincia puede dificultar el acceso a la justicia de muchos gallegos”, añadió Rey Varela. También el alcalde popular de Santiago, Ángel Currás, se ha puesto al frente de una plataforma contra el proyecto del ministerio en la que participan las organizaciones de abogados y procuradores de la ciudad.

Pero la oposición más nítida y ruidosa se está produciendo en Vigo, también capitaneada por el alcalde, en este caso un socialista, Abel Caballero. El regidor vigués se ha reunido en los últimos días con representantes de la judicatura y de la abogacía, y ayer explicó que ha constatado un “rechazo unánime a la reforma”. Caballero advirtió de que si el Gobierno sigue adelante con el proyecto, Vigo reclamará no solo la capitalidad judicial de la provincia sino la mitad de las salas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, actualmente con sede en A Coruña. El alcalde vigués no cree a Feijóo. Asegura que el plan de Gallardón está siendo “secundado tácitamente por la Xunta” y exige al presidente que explique “qué gestiones ha hecho”, informa Europa Press.

También desde las filas socialistas, el ministro de Justicia en el último Gobierno de Zapatero y actual diputado autonómico, Francisco Caamaño, atribuyó el proyecto a la “presión de algún sector de la derecha judicial” que, según él, para lograr plazas de magistrado desea impartir justicia “en ciudades y no en villas”. “Esto va a tener un impacto tremendo en la economía y en la demografía de Galicia”, apuntó Caamaño.