Baltar tumba el gran proyecto urbanístico de su padre en Ourense

El gran proyecto urbanístico de la Diputación en la ciudad de Ourense se va al garete. Las casi dos décadas de empecinamiento de José Luis Baltar por desprenderse de la finca Santamarina mediante su venta a la inmobiliaria Flager SA, —por la mitad de su valor de mercado, según el estudio que hicieron en su día el colegio de arquitectos de Ourense y un perito judicial— ya son aire. Su hijo y sucesor en la Diputación, Manuel Baltar, está dispuesto a subastar cuatro de las seis parcelas que quedaron en poder de la institución, convertida en socia promotora de Flager a través de la ya extinta Urbaourense, y en las que la Diputación pensaba también edificar grandes torres de viviendas a precio libre. El anuncio de la puja se produce cuando está pendiente una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que dictamine si se anula definitivamente el planeamiento urbanístico de 2003, que le dio a esa área de reparto la calificación de suelo residencial, o si prevalece el de 1985, en donde figura como espacio público (no edificable).

 “Se hará todo conforme a derecho y conforme estipule el secretario de la Diputación. Si hay que esperar, se esperará”, precisa el presidente de la Diputación, consultado por este diario, sobre si sacará a subasta las parcelas pese a que se desconoce aún la calificación definitiva del terreno. Baltar delega en el secretario de la Diputación, Francisco Cacharro, la decisión. Este señaló en Faro de Vigo que la institución ha encargado ya una tasación técnica con el fin de subastar las parcelas. El anuncio supone el fin del ambicioso proyecto inmobiliario auspiciado por Baltar padre para la finca Santamarina —más de 17 hectáreas en la ciudad cedidas a Flager por 13,9 millones de euros— tildado en su día de “pelotazo urbanístico” por los grupos de oposición y que supuso la pérdida para la ciudad de una finca originariamente dedicada a uso agrícola y cedida a la institución por sus dueños con la condición de que mantuviera su uso público.

El largo y farragoso proyecto inmobiliario, atascado con la crisis del ladrillo y con una cadena de pleitos —de Flager con los reversionistas y con la Diputación— comenzó en 2001 con el acuerdo de transacción firmado entre la institución provincial, el Ayuntamiento de Ourense, presidido entonces por el popular Manuel Cabezas, y la inmobiliaria Flager. La oposición alertó de que se había tasado en el límite concreto para evitar la fiscalización por parte de la Xunta: 8,4 millones de euros que un perito judicial acabó valorando en 27,4. En 2003, el Ayuntamiento aprobó, con los únicos votos del PP, el planeamiento urbanístico que calificaba como edificable esa área de reparto en la que hasta ahora estaba previsto construir más de 1.500 viviendas en torres de 19 alturas, un Hipercor y un hotel de la cadena Hesperia. Pero la calificación del área de reparto no es definitiva. “En este momento hay inseguridad jurídica”, sostiene el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Xosé Somoza. Los nacionalistas insisten en reclamar, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento, que la finca se destine a gran parque de la ciudad y a equipamientos públicos.

Pese a que Cacharro ha asegurado que el dinero de la subasta no podrá destinarse al pago de la multa de 10,1 millones que Bruselas ha impuesto a la Diputación por las irregularidades que le imputa en varios proyectos de inversiones con fondos comunitarios, el grupo provincial del BNG sostiene que este es el objetivo final. “Los ingresos de la subasta se incluirían en el apartado de inversiones de donde finalmente saldrá el dinero para pagar la deuda con Bruselas”, sostienen.