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tribunales

El pensionista que denunció dos créditos usureros pide que se anulen

La acusación critica la “falta de escrúpulos” de los prestamistas que impusieron intereses del 50%

El caso del pensionista que denunció dos créditos usureros “privados” arreglados y concedidos por un grupo de personas que se autodenominan intermediarios financieros, pero sin formación, ha quedado este lunes visto para sentencia. La acusación pidió la anulación de los créditos hipotecarios “por usureros” y criticó la “falta de escrúpulos” de un grupo de gente que documentalmente entregó 120.000 euros a T. M., el pensionista, pero él asegura que recibió menos de la mitad, superando los intereses el 50%.

De los 54.000 que pasaron por sus manos hasta los 120.000 que aparece en la hipoteca de su casa, todo fueron comisiones y misteriosos cambios de manos, según declaró. La última testigo de la defensa, M. C. ha declarado este lunes que de los 120.000 euros, 70.000 le fueron fueron entregados a T. M. en metálico en la notaría, tras lo cual firmó un recibí.

El resto eran tres talones repartidos a varios miembros del equipo de “inversores” que participaron en la operación, además de para pagar un crédito previo que T. M. tenía con la BBK. La abogada de la acusación, Marisa Gracia entiende que el contrato es nulo al conceder créditos a intereses manifiestamente abusivos en contra de los criterios de la denominada Ley Azcárate.

Por su parte la defensa del prestamista explicó que “a veces quien parece un cordero no lo es tal”, en referencia al pensionista. Según defendió  en su alegato final, su cliente solo buscaba un 8% de interés de los 90.000 euros que aportó a los 120.000 de la operación, 7.200 euros en un año, con la garantía de la vivienda de T. M., y con un interés de demora del 20%. “No es desorbitado”, ha defendido, la BBK los ponía al 18%”.

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Bilbao, tendrá que decidir si el contrato es legal y T. M. tiene que devolver el dinero o en su caso entregar la casa. Es la tercera vez que sus abogados han logrado parar la ejecución hipotecaria, pese a que la mayor parte de los fondos que le prestaron eran para su sobrino político, un camionero, al que la crisis le pilló con varias letras de un camión que acababa de renovar, con la hipoteca de su vivienda familiar, y con dos hijos a los que no podía alimentar con el dinero que cobraba.

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