El Puerto lleva a la fiscalía la adjudicación de dos aparcamientos
Todos los partidos del Ayuntamiento acuerdan que sea la justicia la que determine si hay delito
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha aprobado este lunes elevar a la Fiscalía de Cádiz las conclusiones de la comisión informativa especial abierta en el Consistorio para aclarar las sospechas de irregularidades en torno a la adjudicación millonaria de dos aparcamientos subterráneos en la ciudad. Aunque cada partido político extrajo conclusiones diferentes de esta comisión de investigación, todos han votado a favor de que sea la justicia la que determine si pudo haber delito en alguna de las actuaciones.
Las sospechas saltaron cuando se difundieron unas grabaciones que el ex ingeniero jefe de Impulsa El Puerto, Julián Martín, hizo a su jefe Cayetano Gómez, gerente de esta sociedad municipal encargada de realizar estas dos contrataciones. En ellas, la oposición formada por PSOE, IU y Ciudadanos Portuenses creen que se recogieron posibles presiones de Gómez a Martín para que eligiera a Gyocivil, la empresa que terminó llevándose este contrato.
Sin embargo, la difusión de los últimos 30 segundos de esas cintas destaparon que Martín facilitó esas grabaciones a representantes de otras compañías que aspiraban a ese contrato, con lo que los partidos del gobierno, PP y PA, han interpretado quien pudo cometer irregularidades fue Martín y no los máximos responsables de Impulsa El Puerto y del Ayuntamiento. El convencimiento de los andalucistas en llevar la denuncia a la fiscalía ha forzado al PP a mantener esta posición porque, de lo contrario, sus votos hubiesen sido minoritarios.
Los aparcamientos de El Puerto son la obra civil más importantes en el futuro inminente en esta ciudad gaditana. Se ubicarán en la glorieta de Pozos Dulces y la plaza de toros. El Ayuntamiento defiende que, a pesar de su importante montante económico, más de 16 millones de euros, supone una oportunidad única al beneficiarse de fondos europeos y que serán recuperables con el canon de la explotación.
La oposición, junto a colectivos vecinales, rechaza el proyecto porque lo considera “innecesario” y recuerdan que prevén la construcción de algo más de 900 plazas de pago en dos zonas donde ya hay más de 1.000 aparcamientos en superficie.
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