La fuerza de la democracia

Mañana se discutirá en el Congreso de los Diputados la iniciativa del Parlament solicitando la transferencia temporal a la Generalitat de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del pasado 25 de marzo, el debate ya no debería centrarse en si el gobierno español puede o no realizar dicha transferencia, sino sobre si existe la voluntad política de unos para satisfacer, como señala el TC, la “aspiración política” de otros.

El TC confirma lo ya sabido: el conflicto es político —no jurídico—, y la discusión debe girar en torno al principio democrático que, según el Tribunal, tiene tres manifestaciones: “la mayor identidad posible entre gobernantes y gobernados”, “los representados eligen por sí mismos a sus representantes” y “la formación de la voluntad se articula a través de un procedimiento en el que opera el principio mayoritario”.

CiU se presentó a las elecciones catalanas de 2012 con un programa electoral que afirmaba categóricamente que, en caso de gobernar, construiría “una mayoría social amplia para que Cataluña pueda tener un Estado propio”. Y, aunque sea poco habitual, en democracia es deseable que los partidos que ganan las elecciones y gobiernan cumplan sus compromisos electorales. Tal vez los partidos políticos que olvidan sistemáticamente sus promesas de campaña no valoren dicho cumplimiento, pero el gobierno de Cataluña aplica, en este asunto, una de las principales propuestas electorales que avaló democráticamente la mayoría de los catalanes.

Algunos consideran que en los últimos comicios CiU fracasó precisamente por su defensa soberanista; otros, en cambio, piensan que la mala gestión de la crisis del llamado “gobierno de los mejores” no obtuvo el castigo que se merecía. Sea como fuere, CiU consiguió en 2012 una victoria que cualquier partido firmaría con los ojos cerrados: el proyecto electoral de CiU ganó en las cuatro provincias catalanas, en 40 de las 41 comarcas y en 11 de los 12 distritos de la ciudad de Barcelona. Y además, por segunda vez en la historia —la primera fue en 2010—, consiguió doblar los resultados de la segunda formación política tanto en número de votos (PSC) como de escaños (ERC). Eso sí, no alcanzó la deseada mayoría absoluta que nadie ha logrado en Cataluña en los últimos 22 años.

Si del ejecutivo pasamos al legislativo, constatamos que las teorías simplistas que consideran la petición de una consulta como “una obsesión del gobierno de CiU”, “un calentón de verano” o “una deriva nacionalista”, no son correctas. La primera declaración parlamentaria de soberanía se remonta a 1989, cuando la Comisión de Organización y Administración de la Generalitat y Gobierno Local aprobó —con los votos favorables de CiU, ERC, IC e incluso de un CDS presidido todavía por Adolfo Suárez— una resolución “sobre el derecho de autodeterminación de la nación catalana” que proclamaba que el pueblo catalán no debe renunciar a ejercer este derecho.

Desde entonces, el Parlament ha aprobado otras diez resoluciones similares, incluyendo la recurrida del pasado enero, y siempre con amplias e ideológicamente heterogéneas mayorías parlamentarias. Por lo tanto, no estamos ante una iniciativa coyuntural del actual gobierno catalán, sino ante una reivindicación que el Parlament, órgano de representación del pueblo de Cataluña, lleva más de 25 años realizando. Y tampoco se trata, como afirman los que desean marginar el movimiento soberanista, de una demanda exclusivamente nacionalista, puesto que la mayoría de los partidos que votaron a favor de estas múltiples resoluciones parlamentarias nunca han sido nacionalistas (PSC, ICV, EUiA o CDS), como tampoco lo son los principales sindicatos (UGT y CCOO) o muchos de los movimientos sociales que hoy apoyan la celebración de una consulta popular.

A las reclamaciones democráticas del ejecutivo y del legislativo hay que añadir la voluntad manifiesta de la gran mayoría de los catalanes. Las encuestas insisten en señalar que el 80% desean celebrar un referéndum y que el 90% aceptaría el resultado final. Más allá de ambos sentimientos ampliamente mayoritarios, hay que recordar que los partidarios de la independencia de Cataluña siguen aumentando. En los trece barómetros de opinión que el CEO ha realizado en los últimos cuatro años, a la pregunta de si Cataluña debería ser una región de España, una comunidad autónoma, un estado de una España federal o un estado independiente, la opción independentista ha aumentado en cada sondeo, pasando de un 19,4% en enero de 2010 al 48,5% en el último, de finales de 2013.

El Congreso de los Diputados debería entender que la fuerza democrática de un gobierno, de un parlamento y de un pueblo que desean mayoritariamente celebrar una consulta popular para decidir su futuro no puede ser ignorada, ni acallarse con argumentos supuestamente jurídicos, ni obtener un simple “no” por respuesta.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB