Bonig intenta reactivar el sector del ladrillo con la rehabilitación de viviendas

Sin presupuesto que gastar, la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, pretende reactivar el sector de la construcción por la vía de las rehabilitaciones y desbloquear el ingente parque de viviendas de protección pública mediante cambios legislativos. Así se lo trasladó ayer al presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y el presidente de la Federación Valenciana de Empresario de Empresarios de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora.

A los empresarios les explicó que “la única forma de reactivar el sector de la construcción es la rehabilitación”. “Las deducciones fiscales son la única vía, porque no podemos conceder nuevas ayudas”, argumentó Bonig, que recordó que ya existe una deducción del 10% de la inversión en el tramo autonómico del IRPF, que se aplicará en 2014 y 2015, y que pretende convencer al Gobierno central para que adopte una deducción similar en su tramo.

El escenario con el que trabaja la Consejería de Infraestructuras es el de 250.000 viviendas rehabilitadas en la próxima década. Respecto a las viviendas de protección pública, Bonig indicó que los nuevos decretos pretenden facilitar la venta de estos activos inmobiliarios. Para intentar colocar en el mercado estas viviendas se permite que una persona pueda comprar dos viviendas protegidas, siempre que no sea en el mismo municipio; se permite que los compradores tengan más ingresos anuales de los fijados hasta ahora y se simplifican los trámites. Así, las viviendas de protección pública, ahora clasificadas en tres categorías, se unifican; se amplía de 90 metros a 120 la superficie de estos inmuebles y se flexibiliza el diseño y empleo de materiales.

La Generalitat tiene actualmente un parque de 1.000 viviendas de protección pública en el mercado y proyectos para desarrollar urbanísticamente 1,4 millones de metros cuadrados sobre los que se han proyectado otras 40.000 viviendas protegidas. “Los decretos aprobados son para vender viviendas”, admitió Bonig.

El presidente de los empresarios de la construcción calificó las medidas de positivas, pero advirtió que su federación realizará una serie de propuestas alternativas. Por su parte, el presidente de la CEV aprovechó la oportunidad para expresar el malestar de los empresarios con el Gobierno central —y en especial con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro— por excluir a Valencia del contrato programa de transporte público, que sí han obtenido otras capitales españolas.

“Estamos muy molestos con el Ministerio de Hacienda porque como comunidad autónoma estamos haciendo un gran esfuerzo para reducir el déficit y sacar la economía española en general, vía exportaciones y reduciendo la tasa de desempleo”, dijo Navarro, que añadió: “No es de recibo que el Ministerio de Hacienda no nos tenga en cuenta en el contrato-programa”.

Bonig, ante el malestar de los empresarios, explicó que ya ha trasladado su malestar a Montoro a través de una carta y que en la reunión intermunicipal que el PP celebra hoy en Valencia volverá a reiterar el malestar existente.