El PP pagó en metálico 2,3 millones a Gürtel por una campaña electoral

El Partido Popular valenciano manejaba mucho dinero en metálico en 2007, el año de la celebración de la Copa del América, del fervor inmobiliario y del poder de Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat que aquel año consiguió su segunda mayoría absoluta. El partido tenía tanto dinero en metálico que pagó 2,3 millones de euros “en efectivo” a la trama Gürtel por la victoriosa campaña electoral de las autonómicas, según Hacienda. “Adicionalmente, [la empresa de la red Orange Market] recibió 470.824 euros como pago de facturas emitidas a terceros con las que en realidad se estaba cobrando la contraprestación de los servicios prestados al PP de la Comunidad Valenciana”, señalan los inspectores de Hacienda que han elaborado los informes definitivos sobre la supuesta financiación ilegal del partido.

La trama de Francisco Correa ganó mucho dinero en aquellos años. Realizaba actos políticos para los Gobiernos populares de Madrid y la Comunidad Valenciana, entre otras Administraciones. Y se encargaba de los actos del Partido Popular en los mismos territorios. Al PP de Camps le cobró 5,7 millones de euros solo en 2007 y 2008, concluye la Agencia Tributaria. Y la mayor parte de ese importe fue abonado de forma “opaca”.

De acuerdo con los apuntes de su contabilidad oficial, Orange Market, la filial valenciana de la trama que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, solo percibió mediante “facturas emitidas al Partido Popular” 1,2 millones en esos dos años.

El resto, hasta los 5,8 millones de ingresos totales, le fueron abonados bien mediante pagos “en b sin emitir factura y sin repercutir el IVA”. O bien mediante “facturas falsas emitidas a terceros”, casi todas ellas empresas de la construcción y la obra pública, que pagaron una parte de las campañas electorales tanto de 2007 como de 2008.

Hacienda subraya, como prueba de la falsedad, el hecho de que la red “no incurría en gastos” para la realización de los teóricos trabajos a estas empresas. “Los gastos encontrados corresponden”, en cambio, “a servicios prestados al PPCV”.

El expresidente Camps tenía plena confianza en él, pero el talento de El Bigotes no era barato. Los inspectores de Hacienda confirman que “el margen bruto sobre compras” que obtenían del PP “era muy elevado”. Ese beneficio alcanzó una media del 84% a lo largo de los cuatro trimestres de 2008. En los servicios que la red engloba en el epígrafe “Total campaña Zapatero + Congreso regional”, por ejemplo, el margen de beneficio se elevó al 92%.

Orange Market se encargaba de todo el trabajo electoral: “Inserciones en prensa y en radio, publicidad exterior en vallas, cabinas y autobuses, en el metro de Valencia, en mupis (elementos de mobiliario urbano que funcionan como soportes publicitarios), vídeos, creatividad, imprenta y merchandising”, “actos y mítines”.

El margen de beneficio que la red lograba con el PP era “muy elevado”

Pero también servía para montar una “manifestación”, la “presentación del circuito” de Fórmula 1 de Valencia, una “cumbre sobre el corredor mediterráneo”, otra “cumbre sobre economía”, una “cena” multitudinaria o un “mitin con esperanza Aguirre” fuera de campaña electoral. De todos los encargos, que algunos meses tenían lugar casi día sí o día no, hay constancia en la documentación intervenida a la trama que analiza Hacienda.

Todos los datos figuran en dos adendas que los inspectores han entregado al juez que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior valenciano, José Ceres. En ambos documentos los funcionarios responden a preguntas concretas de la Fiscalía Anticorrupción sobre su informe final sobre la supuesta financiación ilegal del partido.

La Agencia Tributaria detalla igualmente cada uno de los pagos de empresas de la construcción a Orange Market de los que supuestamente se benefició el PP. Estas fueron presuntamente Piaf, Facsa, tres sociedades del Grupo Vallalba, Lubasa, Enrique Ortiz y Sedesa, que pusieron, supuestamente 1,2 millones. También se analiza el pago por parte del empresario y alcalde de Gandia, Arturo Torró, de un acto electoral, que el PP “debió registrar como ingreso” en su contabilidad electoral, pero que también fue ocultado. Torró abonó de su bolsillo 22.037 euros.

Los inspectores fiscales concluyen su análisis sobre la financiación ilegal

La trama utilizaba una doble contabilidad. En la b, anotaba la deuda real que el PP tenía con sus empresas. Y en ella “se minoraba” ese importe adeudado “cuando se cobraron las facturas falsas emitidas al efecto” por las empresas de la construcción.

Estas compañías eran al mismo tiempo adjudicatarias de grandes contratos del Gobierno de Camps y algunas tenían intereses en las decisiones urbanísticas de ayuntamientos como los de Alicante y Valencia, y de la Consejería de Territorio. Esa cara de la relación entre la Administradores y los supuestos financiadores estaba hasta ahora desvinculada de la causa. Pero el juez ha pedido recientemente a la Intervención de la Generalitat que le informe de cuántos contratos y por qué cuantía lograron las ocho empresas investigadas entre 2006 y 2009.