El fiscal se querella por estafa contra un grupo de armadores de Marín

Una investigación paralela a un fraude de IVA de 13,6 millones de euros ha llevado a la fiscalía de Pontevedra a interponer otra querella contra la cooperativa San Miguel de Marín, esta vez por estafa. El fraude económico derivó hace más de un año en otras diligencias para aclarar los destinatarios de los abultados pagos que periódicamente consignaba la cooperativa en su doble contabilidad —cuyo montante todavía está evaluando la Agencia Tributaria— y que se investigaron como presuntos sobornos a operadores portuarios.

La Guardia Civil había detectado las presuntas mordidas a funcionarios de los puertos de Vigo y Marín para que hiciesen la vista gorda en las descargas de pescado y así la entidad pudiera eludir impuestos. Una práctica que se venía realizando al menos desde 2008, según la investigación de la fiscalía, y dependiendo la procedencia del barco —Gran Sol, pesca de bajura o sur de Portugal— el operario tenía un precio. Analizando la contabilidad de la empresa de los cuatro últimos años en la que Hacienda detectó una caja b con doble facturación para defraudar el IVA, también aparecen consignados numerosos pagos de 60, 90 y 120 euros que la cooperativa no ha podido justificar. Los indicios apuntaron a que esas cantidades se asignaban a los operarios dependiendo de las toneladas de pescado descargadas para la cooperativa.

Ante el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, que asumió el caso, fueron citados a declarar en calidad de imputados tanto los armadores de los barcos que aparecían en la contabilidad de la cooperativa como funcionarios portuarios, pero solo uno de ellos llegó a reconocer que sistemáticamente se pagaban sobornos. Los directivos de la cooperativa negaron la existencia de la supuesta red de corruptelas, pero no pudieron acreditar documentalmente el destino que daban a esos pagos, por lo que el fiscal decidió querellarse contra la entidad y su junta directiva por estafa a los socios. La investigación la continuará ahora un juzgado de Marin con la declaración de los imputados y la incorporación de los informes que todavía está ultimando Hacienda sobre la estimación económica de la cuantía total de los pagos en b.

El fiscal en su investigación también detectó otras irregularidades en las dársenas de los puertos como las subastas que se desarrollan a pie de barco sin pasar por la lonja. Nada más llegar el barco a puerto, el armador hace una oferta por el que sería el mejor precio de la subasta pública para vender la mercancía sin controles previos y sin pagar impuestos a cooperativas o grandes superficies comerciales. Los primeros indicios de la trama de comisiones en los puertos saltaron después de comprobar Hacienda el enorme listado de casi 200 armadores que se habrían prestado a participar en la doble contabilidad de la cooperativa San Miguel de Marín, una práctica ya reconocida por algunos ante el juez. La Agencia Tributaria detectó el millonario fraude en 2011, y la Fiscalía de Delitos Económicos ha dirigido la acusación contra el presidente de la cooperativa por delito fiscal, que podría acarrear elevadas multas por impago del IVA.

Según los informes de Hacienda, al llevar una doble contabilidad, las declaraciones fiscales de la cooperativa no reflejan las operaciones económicas reales ya que no se tributaron todas las descargas de pescado que efectuó en el puerto de Vigo. La Agencia Tributaria también abrió expediente sancionador a los armadores que aparecían identificados en las facturas intervenidas en las oficinas de la cooperativa, algunas con su firma y el nombre del barco.