PP y PSOE de Ourense exigen ceses donde no tienen imputados

El Código Ético de la Diputación de Ourense será finalmente el Código Ético de José Manuel Baltar. La ética de la institución plasmada en un documento elaborado por el propio presidente no pasa por apartar de los órganos de gobierno a los diputados provinciales imputados (el PP tiene tres en este momento) ni por suprimir las contrataciones a dedo mediante asistencias técnicas que él mismo está realizando en la institución.

Como consecuencia de esta “incongruencia”, PSOE y BNG se levantaron esta mañana de la mesa de negociación y dejaron solo al portavoz del PP, Plácido Álvarez, y al presidente. En la defensa cerrada de su decisión de “preservar la presunción de inocencia” de los cargos públicos, Baltar desautorizó a su portavoz en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández, que pide el cese inmediato del alcalde y los concejales del grupo de gobierno de la ciudad imputados en distintas causas. Y frente a la decisión de los cargos socialistas del gobierno local de mantenerse en el poder avalada por Baltar, la concejala (fiel a Pachi Vázquez) y diputada provincial Mónica Vázquez reclamó, en consonancia con su grupo en la Diputación, que sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Ourense se aparten de los cargos. “La ética pasa porque [los imputados] no formen parte de ningún órgano de gobierno en ninguna institución”, puntualizó la socialista.

Los portavoces de los dos grupos de la oposición condicionaron su permanencia en la negociación del código a la aceptación de la renuncia de los imputados y al fin “del enchufismo que el nuevo presidente practica igual que su padre y predecesor, solo que él lo hace en B: a través de asistencias técnicas”, denunció el portavoz socialista, Ignacio Gómez, reconociendo que “si se aceptara nuestra propuesta, todos los diputados del grupo del PP tendrían que irse” considerando sus “vinculaciones familiares” con los trabajadores de la institución. Para el portavoz del BNG, Xaime Iglesias, mantener estas prácticas y pretender aprobar un código ético “es una farsa en la que no estamos dispuestos a participar”. “¿Pero qué credibilidad merece quien ni siquiera es capaz de cumplir el código de buenas prácticas de su partido que dice que los cargos deben de velar siempre por el interés público?”, se preguntó el nacionalista.

Baltar reaccionó al plantón precisando que “no hay ningún representante del PP imputado por cuestiones relativas a su ejercicio como diputado provincial, sino por su ejercicio como alcaldes”. “Ningún Código Ético de ninguna institución regula estas posiciones porque no es un código penal”, apostilló el presidente restringiendo la decisión a los estatutos de los partidos políticos. “Un diputado no es más o menos diputado en función de su calificación procesal de imputado en un procedimiento judicial”, razonó.

El presidente de la Diputación -que justificó la adjudicación a dedo del contrato al sobrino de una alcaldesa del PP apelando a la "gran cualificación técnica" del elegido- se quejó no solo del plantón de la oposición (tildó su postura de demagógica) , sino que lamentó también que en 35 días -desde que hizo públicas las líneas generales de su Código Ético hasta hoy, día de la primera reunión-, ninguno de los dos grupos “haya hecho ni una sola aportación”. Frente a ello, reseñó que el pasado fin de semana, durante el encuentro de presidentes de diputaciones de España celebrado en Ourense, “muchos de ellos, incluidos algunos socialistas” le pidieron el texto "redactado personalmente" por él que dio pie a este Código que rechazan socialistas y nacionalistas en la institución ourensana.