Los costes de una transición
Los economistas discrepan sobre el alcance y el tiempo del desgaste que supondría la secesión Borrell dice que para España sería una “catástrofe”


El debate sobre la viabilidad de un Estado catalán suele derivar de la diferencia entre los ingresos fiscales extra que obtendría y los gastos que debería asumir por la pérdida de economías de escala y, en especial, por los llamados costes de transición. Sobre ellos se debatió ayer en el Colegio de Economistas, donde se celebró un debate sobre las consecuencias económicas de una eventual independencia de Cataluña organizado por Foro de Foros. Y si bien todos los economistas asumen esos costes, la principal discrepancia está en cuánto ascenderían y en el tiempo en el que se prolongarían. Ahí el economista Miquel Puig consideró que el grueso de estos costes se producirá hasta que se llegue a un acuerdo con el Gobierno central, mientras que el exministro Josep Borrell extendió ese desgaste hasta que la Unión Europea acepte a Cataluña como Estado miembro. “Lo dijo [la vicepresidenta de la Comisión] Viviane Reding, que nos va a llevar una generación”, avisó.
Ante un auditorio abarrotado, Puig resumió los costes en el boicot a los productos catalanes por parte del resto de España, en el “efecto frontera” y en “la salida de la Unión Europea y el euro”. El economista consideró que ambos tienen un “impacto muy modesto” y si bien admitió que la independencia supondría la “salida automática de la UE” una vez Cataluña fuera reconocida por España, se “impondrían dos cosas” para evitar una situación de inestabilidad en el continente: “el euro y superávit fiscal. Que pague y que pague en euros”.
“El problema es el proceso de transición para llegar al estado estacionario”, advirtió Borrell. El exministro insistió en que el problema no sería una eventual salida, sino la entrada. Porque, recordó, Cataluña no está en el listado de estados miembros que recoge el artículo 52.1 del Tratado de la Unión Europea. Y a su juicio, Cataluña no saldría de la UE porque nunca ha entrado. “La modificación de los tratados es adoptada por unanimidad. Mientras tanto estaremos fuera. Algunos dicen que no pasará nada, que no habrá problemas comerciales, que seguiremos en el euro y que los bancos tendrán acceso a la liquidez del Banco Central Europeo. Wishful thinking”, alertó.
Las discrepancias también se trasladan a la cuestión de cómo debería repartirse la deuda entre la Administración central del Estado y la Generalitat. La decana de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, Elisenda Paluzie, advirtió de que en caso de “una separación no amistosa” Cataluña solo debería asumir la deuda de la Administración catalana y los ayuntamientos. “Solo deberá quedarse con una deuda equivalente al 30% del PIB. No se asumirá ninguna deuda si hay veto para pertenecer a la UE. La principal interesada en llegar a una solución acordada es España”, aseguró.
A su lado, el exdirector de la Bolsa de Barcelona José Luis Oller consideró todo lo contrario. Oller señaló que para que “una economía moderna funcione con eficiencia debe tener estabilidad monetaria, política y jurídica y solvencia del Estado”. Y en este último apartado, dijo que a la deuda catalana, de 60.000 millones, deben sumarse 180.000 millones correspondientes al peso de la economía catalana en España y el valor de los activos que tiene el Estado en Cataluña, de 50.000 millones. En total, 290.000 millones, el 145% del PIB”, avisó.
El tercer gran asunto fue el ahorro o el coste extra. Paluzie se valió de los informes de Núria Bosch y Marta Espasa para apuntar que un Estado catalán tendría unos ingresos extra de entre 12.000 y 20.000 millones. Borrell juzgó que esos cálculos se quedan cortos e indicó que si se tienen en cuenta todos los costes que el Estado presta y que debería asumir Cataluña ahora “estaríamos pagando uno o 1,5 puntos más de lo que nos tocaría si pagáramos por renta y recibiéramos por población. ¿Vale la pena?”, se preguntó.
Al final del acto, Marina Geli preguntó por el impacto en el España de la independencia de Cataluña. “Para España sería una catástrofe”, dijo Borrell. Miquel Puig coincidió. “Muy desgraciadamente, los costes serían negligibles para Cataluña, pero no para España”, dijo. Paluzie sostuvo, en cambio, que a largo plazo saldría ganando porque evitaría las “tensiones políticas ” que hoy se dan.
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