Vidas paralelas, destinos desiguales

La Comunidad Valenciana se mantiene como la única autonomía española que ha cerrado su televisión, pese a tener lengua propia. La amenaza del Gobierno madrileño de seguir los pasos de la Generalitat no se ha sustanciado. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ratificaba la anterior del Tribunal Superior de Justicia madrileño, declaraba improcedentes los 861 despidos de Telemadrid. Si el fallo hubiera anulado el expediente de regulación de empleo (ERE), se habría clausurado, según habían anunciado el presidente, Ignacio González, y su predecesora, Esperanza Aguirre. Ahora pagarán unos 22 (CC OO estima en 80 el monto final) millones de euros más a los trabajadores para alcanzar los 45 días por año de indemnización.

Aunque con una programación de mínimos, Telemadrid continúa, como también otras cadenas muy jibarizadas de Murcia o Baleares, a la espera de tiempos mejores y de mayores privatizaciones. De hecho, en FORTA, la federación que aglutina a las autonómicas, no se prevén más bajas que la valenciana. Un hecho diferencial, gravoso y vergonzoso: no sólo por el coste de 140 millones que acarrea la extinción de RTVV para las arcas públicas, según los cálculos del comité de empresa (otras fuentes aumentan en varias decenas de millones más), sino por cómo se condujo el proceso y, porque deja a la autonomía sin el único medio audiovisual público en valenciano. La televisión es un instrumento clave en la promoción de la lengua propia y minorizada (junto a la escuela) y de la industria audiovisual.

González mantiene su cadena con despidos improcedentes

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, en cualquier caso, se mostró “muy satisfecho” del acuerdo alcanzado en las negociaciones del ERE de extinción, en su conferencia de prensa posterior al pleno del Consell del pasado viernes. La Generalitat pagará 86,1 millones para indemnizar a los 1.608 despedidos. Sobre el papel, abonará 35 días por año trabajado y pagos lineales de entre 5.000 y 8.000 euros en función del salario. En realidad, sumados estos conceptos, se llega a una indemnización de 40 días por año trabajado, si bien la dirección de RTVV pidió en las negociaciones que no apareciera oficialmente. Si la sentencia del TSJ valenciano hubiera declarado improcedente del ERE, se habrían pagado 45 días, lo que hubiera supuesto unos 92 millones de gasto en indemnizaciones de toda la plantilla si se hubiera cerrado igualmente la cadena.

Son muchas las semejanzas entre Telemadrid y Canal 9. Manipulación informativa, descrédito, despilfarro económico, enchufismo, sobredimensionamiento de la plantilla, mala gestión, no asunción de responsabilidades y audiencia ínfima han estado al orden del día en ambos casos. Y escasas son las diferencias, pero algunas sustanciales. La primera y más importante, la continuidad de las mismas.

El Gobierno madrileño decidió recurrir la primera sentencia de improcedencia del TSJ y la Generalitat, descartó hacer lo propio con el fallo de nulidad del TSJ valenciano. Diversas fuentes apuntan que la sentencia fue tan demoledora que hubiera sido un ejercicio inútil continuar el recorrido judicial. Hasta 12 argumentos, incluida la vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, recoge la sentencia que refleja la desastrosa gestión de RTVV, cuando se decidió despedir a un millar de 1.600 trabajadores. Apenas hay precedentes judiciales de que un tribunal tumbe la decisión de otro con tantas razones.

Fabra no recurrió el demoledor fallo de nulidad y el cierre costará 140 millones

La Generalitat no recurrió, decidió echar la persiana a RTVV porque aseguraba que no podía asumir el coste de readmitir a toda la plantilla (unos 70 millones, apostilló) sin que repercutiese en el gasto educativo y sanitario. Fuentes de la propia RTVV señalan que en la decisión del presidente Alberto Fabra influyó también la agenda judicial, que marca el destino del PP valenciano con sus imputados (hasta cinco directivos de la televisión) y procesados en distintos casos de corrupción. Mejor que no salga nada. Aunque, otros sectores del PP apenas disimulan su malestar por la determinación, en vísperas de elecciones.

Sea como sea, los valencianos se han quedado sin tele propia, y sin la posibilidad, por el momento, de evaluar otro modelo diferente del último y muy denostado. Lo que no se han volatilizado son las ingentes cantidades de dinero público que se sigue y seguirá pagando por la gestión de RTVV que, sin embargo, no ha provocado ninguna dimisión.

Hasta 2026 se prolongará el pago de los casi 1.160 millones de deuda, acumulada en los últimos 15 años sobre todo, al ritmo actual. La anterior empresa RTVV (la actual RTVV SAU pretendía iniciar otro modelo público-privado) no se ha podido extinguir porque los bancos alemanes han rechazado que la Generalitat asuma la deuda.