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De Lara sospecha que empleados de Novagalicia ayudaron a blanquear

La juez acusa a la entidad de "obstrucción a la justicia" por ocultarle una caja de seguridad

La juez Pilar de Lara, que instruye el sumario del caso Pokémon, sospecha que empleados de una sucursal de Novagalicia Banco (NCG) en Lugo “podrían estar encubriendo actividades de blanqueo de capitales”. Así figura en un escrito emitido este viernes por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en el que pide a la entidad bancaria que identifique a todas las personas que ocuparon los cargos de directores y subidrectores de esa oficina, situada en la plaza de Santa Domingo, desde 2008. En la sucursal en cuestión dispone de una caja de seguridad Demetrio Arias, de quien De Lara sospecha que es un testaferro del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, el socialista Francisco Fernández Liñares, principal implicado en esta supuesta trama de corrupción.

 De Lara acudió el pasado jueves a la sucursal para abrir la caja de seguridad de Arias, pero lo único que encontró fueron las escrituras de constitución de su empresa, Decon Construcciones, una firma sin apenas actividad y que la juez sospecha que es una tapadera para ocultar el manejo de dinero negro alrededor de las contratas que tiene en Lugo el grupo Vendex. La magistrada investigaba si la caja de seguridad se utilizó para ocultar dinero procedente de sobornos.

Más información
De Lara acude a un banco para registrar una caja de seguridad

En el oficio enviado ayer a NCG, la juez resalta que la entidad nunca comunicó la existencia de la caja, “a pesar de la petición de información que fue enviada por este juzgado ya en fecha de 2 de agosto de 2010”. Además de la identidad de los últimos directores y subdirectores, De Lara exige que le informen de las personas que manejaban el acceso a las cajas de seguridad.

La magistrada anuncia que comunicará los hechos al Banco de España y a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales ya que entiende que la actitud de la entidad “infringe la normativa bancaria”. “Todo ello, claro está”, advierte, “sin perjuicio de las correspondientes responsabilidades penales que procede depurar por obstrucción a la justicia y cooperación con un delito de blanqueo de capitales”.

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