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Los juzgados practicaron 2.404 desahucios durante 2013 en Galicia

La memoria del CGPJ revela que los jueces ordenaron fue de 2.576 ejecuciones hipotecarias

Los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos practicaron 2.404 desahucios en todo tipo de inmuebles en 2013 en Galicia, de los que el 25,3% derivó de ejecuciones hipotecarias; el 67%, de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); y el 7,7%, de otras causas, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De este modo, el número de lanzamientos correspondientes a Galicia representa el 3,6% del total de España, que asciende a 67.189 desahucios en todo tipo de inmuebles en 2013, unos 184 diarios. En el conjunto del Estado, el 38,5% de los casos se debió a ejecuciones hipotecarias; el 56,8%, a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el 4,8%, a otras causas.

El CGPJ recuerda que estos datos sobre lanzamientos se empezaron a recoger en 2013, por lo que no se pueden comparar con los de años anteriores. Cataluña fue el territorio con más lanzamientos practicados, el 23,8% del total, seguido por la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%). En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013, alcanzaron las 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. Además, todos los trimestres del año presentaron descensos interanuales, que en el caso del último fue del 1,1%, hasta las 24.076 ejecuciones.

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En el caso de Galicia, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 fue de 2.576, lo que representa un incremento del 1,9% en relación al año anterior. La cifra más elevada de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se dio en Cataluña y Andalucía, con el 22,2% del total en ambos casos, seguidas de la Comunidad Valenciana (14%) y Madrid (10,3%). Por último, en cuanto a los procedimiento monitorios (reclamaciones de deudas que consten por escrito), se presentaron 563.176 en 2013 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, un 19,5% menos respecto a 2012. Una posible explicación de este descenso, apunta el CGPJ, sería el proceso de implantación de las tasas judiciales.

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