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La comisión de investigación de Vitoria pide que dimitan Maroto y Alonso

El Ayuntamiento va a pagar al empresario Gonzalo Anton 7,5 millones de euros, incluida la obra de 1,4 millones, cuando el local le costó en su día 2,7

Javier Maroto (izquierda) cuando era el concejal de Hacienda de Alfonso Alonso, a su lado.
Javier Maroto (izquierda) cuando era el concejal de Hacienda de Alfonso Alonso, a su lado.

La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Vitoria para analizar el alquiler “demasiado caro” de unos locales en la calle San Antonio por un periodo de 20 años, reclama en sus conclusiones la dimisión del exalcalde Alfonso Alonso y del actual regidor, Javier Maroto, ambos del PP. El dictamen de la comisión establece que ese contrato es “contrario al interés público” entre otras razones porque el Ayuntamiento va a pagar al empresario Gonzalo Anton 7,5 millones de euros, ncluida la obra de 1,4 millones, cuando el local le costó en su día 2,7. Aunque las conclusiones son todavía provisionales hasta que no las respalde el pleno, inicialmente los grupos han descartado acudir a la justicia para denunciar los hechos, tal y como pedía Bildu. El dictamen salió adelante con los votos del PNV y del PSE y la abstención de Bildu, al entender que el texto se queda corto, mientras que el PP votó en contra. Este resultado garantiza que las conclusiones sean aprobadas en el pleno.

PNV y PP se aliaron para

evitar enviar el

expediente a la fiscalía

Entre las enmiendas al dictamen aprobadas figura la petición de dimisión de Alonso y Maroto, concejal de Hacienda cuando se firmó el contrato. Esta propuesta fue aprobada con los votos de los socialistas y la coalición y la abstención peneuvista. Los populares también la rechazaron. PNV y PP se aliaron, sin embargo, para tumbar la idea de Bildu de informar a la fiscalía. También sumaron sus votos para no modificar el reglamento del pleno de forma que fuese posible reprobar al alcalde, algo ahora limitado a los ediles. El grupo nacionalista no apoyó la idea al entender que cambiar el reglamento tardaría meses y no tendría efectos retroactivos, y porque defiende que sean los ciudadanos los que juzguen al alcalde en las municipales de 2015.

El dictamen de la comisión recoge que en la negociación del alquiler en 2007, Alonso podría haber dado un “trato de favor” a la empresa propietaria, Sabayre, y al dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, porque no se ha acreditado la necesidad de un alquiler que amplió de 10 a 20 años a propuesta del Ayuntamiento, y es más que cuestionable que la renta, de 12.500 euros sin IVA al mes, se actualizara anualmente con incrementos de hasta nueve puntos sobre el IPC. El pasado noviembre, Maroto renegoció el contrato y consiguió rebajar el alquiler en un 30%, fijar el precio en el IPC y reducir el contrato a 10 años.