El Seprona acusa a Aquagest de ocultar contaminación de agua en Ourense

Tras meses de protestas e investigaciones pagadas de su bolsillo, los vecinos de Punxín, un pueblo de Ourense, que destaparon la presencia de arsénico tóxico en el agua de sus grifos, acudieron desesperados a Pilar de Lara en 2013. Hasta entonces nadie les había hecho caso, pero la juez de Lugo puso en marcha la maquinaria Pokémon. En pocos meses, Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil describieron en sus informes las presuntas ilegalidades que la trama corrupta replicó allí donde tocó contrata pública.

 Tal y como adelantó este diario en octubre del año pasado, los investigadores detectaron supuestas ilegalidades en el concurso que privatizó el servicio e incluso en la calidad del agua que distribuía Aquagest. Según el Seprona, la empresa ocultó la presencia de arsénico, un tóxico de origen natural que puede llegar a producir cáncer. Los informes de la Guardia Civil incorporados al sumario acusan a la concesionaria del agua de un supuesto delito contra la salud pública por “suministrar a sabiendas a la población agua contaminada”. La empresa cerró un pozo contaminado con arsénico y lo reabrió a los pocos meses sin avisar a la población. “Esa decisión no se basó en criterios objetivos”, afirman los investigadores. Los documentos y las pruebas testificales constataron que, a principios del 2012, se reabrió el pozo tóxico tras la merma de caudal para el abastecimiento, una decisión tomada “a sabiendas del informe emitido por la propia empresa” en el que se alertaba del arsénico. Los agentes también destacan que “solo se instaló una depuradora cuando salen las primeras noticias en la prensa local”. La empresa y la Administración conocían su existencia previamente.

Pero el arsénico no fue el único tóxico que circuló por las tuberías de Punxín. En 2010, dos inspectoras de la Consellería de Sanidade detectaron en una planta potabilizadora dos sacos de Magnafloc lt25, una sustancia prohibida para el tratamiento de aguas de consumo humano. El Seprona advierte en un informe que, a pesar de las graves irregularidades destapadas por las inspectoras en varias actas, el Gobierno gallego no inició expediente sancionador alguno. La empresa justificó el uso del producto como un “despiste” de un empleado en formación. También explicó a las autoridades sanitarias que nunca usó otros sacos de carbonato sódico Solvay que los inspectores localizaron en la potabilizadora y que también estaban vetados.

La investigación judicial detectó además presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en la actuación de Alfredo Cruz, el exalcalde socialista ya condenado por prevaricación por otro asunto. Según Vigilancia Aduanera, urdió una trama para adjudicar el servicio a Aquagest a cambio de favores. Lo hizo con informes de la Diputación y la secretaria-interventora municipal en contra y a pesar de que la privatización disparó el coste hasta 107.000 euros anuales. Cuando la gestión estaba en manos del Ayuntamiento ascendía a 38.800 euros al año. Incluso descubrieron que una de las personas “expertas” seleccionadas para la mesa de contratación del concurso público había trabajado previamente para la empresa. Los agentes certificaron que uno de los hijos del alcalde fue contratado en Aquagest y el otro en PAU, una de las sociedades del Grupo Vendex. También revelan que el alcalde adjudicó a su propia empresa reparaciones de tuberías por un importe de 27.000 euros que debía haber sufragado la concesionaria.

Las presuntas irregularidades comenzaron incluso antes del concurso. Punxín pagó a Aquagest asistencias técnicas por 80.000 euros antes de la privatización del agua, que entonces ya estaba contaminada. Todas fueron abonadas tras ganar la alcaldía el PSdeG. Los agentes de Aduanas cuestionan que la empresa concurriese en igualdad de condiciones al concurso público porque, al prestar servicios en Punxín, conocía las características y costes del servicio con anterioridad. El sumario refleja en varios tomos cómo una de las empresas implicadas en la Pokémon aplicó a pequeña escala en este municipio de 700 habitantes, todas las artimañas presuntamente corruptas para conseguir contratas que salpican Galicia.