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Andalucía recurrirá contra el TSJA por el cambio de criterio sobre El Algarrobico

Arias Cañete mantiene que el Estado colaborará en la demolición del hotel

Susana Díaz, presidenta de la Junta.
Susana Díaz, presidenta de la Junta.

A “todas las vías posibles” recurrirá la Junta para evitar que el hotel levantado en el paraje almeriense de El Algarrobico siga en pie. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha despejado este jueves cualquier duda que pudiera haber sobre la postura que mantiene su Gobierno ante el volantazo que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con respecto esta mole de hormigón, levantada a principios de siglo en Carboneras, dentro del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento andaluz, ha reclamado a Díaz “puño de hierro” en este asunto. Y la presidenta, durante la sesión de control, ha sostenido: “Frente al fantasma de volver a la especulación urbanística y a un pasado que tanto queremos olvidar, vamos a recurrir y a utilizar todas las vías judiciales posibles para impedir la construcción y que siga adelante El Algarrobico”. Estas palabras se traducen en que la Junta, al igual que Greenpeace, recurrirá ante el Tribunal Supremo la última sentencia de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA que fija que el hotel está en una zona que se debe considerar urbanizable.

Lo llamativo de este asunto es que la sección primera de la misma sala de lo contencioso-administrativo del TSJA falló en junio de 2012 que el hotel estaba en una zona protegida no urbanizable. Las dos sentencias contradictorias se refieren al mismo decreto andaluz de 2008, por el que se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque de Gabo de Gata-Níjar. Tras el primer fallo de 2012, la Junta de Andalucía modificó ese plan de ordenación para acomodarlo a la sentencia del TSJA. Y se aumentó la protección para que quedara claro que la zona no es urbanizable.

La última sentencia, que se dictó el viernes pasado, ha descolocado a la mayoría de los implicados en este asunto, entre ellos a la Administración andaluza.

La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha afirmado este jueves que la Junta recurrirá ante el Supremo porque considera que el TSJA “no es competente para establecer” que un suelo es urbanizable. Además, resaltó la “contradicción” que existe entre las dos sentencias de la misma sala. El recurso, que se esta elaborando, incidirá en que la sección tercera ha vulnerado la “seguridad jurídica” y en la “contradicción”, ha indicado Serrano. La consejera también ha insistido en que el Tribunal Supremo “ya había dicho que era una zona no urbanizable”. “Contundentemente, no estamos de acuerdo en que se pueda construir a 30 metros de la costa”, añadió Serrano.

Desde que el hotel fue paralizado en 2006, la mayoría de decisiones judiciales han señalado hacia la falta de respaldo legal de El Algarrobico. De hecho, las Administraciones implicadas han asumido que el edificio acabará demoliéndose. La Junta y el Gobierno central tienen firmado un convenio en el que, incluso, se reparten los futuros trabajos de derribo y regeneración de la zona.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha reiterado este jueves el compromiso del Estado para compartir los gastos de demolición de El Algarrobico. Sin embargo, ha reconocido que la “maraña” de recursos hacen “muy difícil” saber en qué momento la Junta puede pedir en los tribunales la demolición, informa Efe. Cañete también ha recordado que en este último caso sentenciado por el TSJA el Estado no estaba personado, ya que era un decreto autonómico el que se estaba juzgando. Pero ha insistido en que “el compromiso del Estado es firme” y que el Gobierno “participará cofinanciando los gastos que comporte” la demolición cuando se pueda acometer.

El último fallo del TSJA ha desatado las críticas de los grupos ecologistas, que incluso han acusado al tribunal de irregularidades en el reparto de la causa pocos días antes de dictarse la sentencia. Los conservacionistas han lamentado que, tras cinco años en los que la sección primera se había encargado del caso, en febrero se decidió que la sección tercera dictara la sentencia. Fuentes del TSJA han negado este aspecto e indicaron que el caso se “tramitó desde 2012 en la sección tercera”.