El interventor de Ourense exige al alcalde que devuelva 28.000 euros

Sumido en mil batallas —las imputaciones judiciales de buena parte de su grupo de gobierno, incluido él mismo, y el enfrentamiento radical con los ediles fieles al exsecretario general del PSdeG Pachi Vázquez— el alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, se enfrenta ahora a las reclamaciones de los técnicos de la institución que preside. El interventor municipal, Gonzalo Alonso, ha emitido un informe por el que reclama al regidor el pago de 27.996,49 euros en concepto de cuotas de liquidación por la urbanización de la calle donde vive, Clara Corral Aller, en la que el gobierno local —cuando él era concejal de Hacienda, en 2009— aprobó la “mejora de aceras, calzada y servicios” con cargo al Plan E, dependiente del Gobierno central. El alto funcionario municipal entiende que la licencia de ocupación concedida por el Ayuntamiento al actual alcalde es ilegal y que, por tanto, es necesario que el regidor reembolse esa cantidad para la “recuperación de los recursos públicos menoscabados como consecuencia de una gestión urbanística negligente”. El informe respalda la denuncia judicial registrada hace unos días por el PP ante la fiscalía.

 Para conseguir la urbanización de su calle, Fernández había depositado un aval bancario de 10.600 euros dado que, toda vez que la parcela en la que edificó su vivienda no tenía la calificación de solar, la licencia de ocupación estaba condicionada a que él costease la construcción de la acera. El actual regidor vio solventada la situación con el acuerdo de la junta de gobierno de la que formaba parte cuando esta aprobó, en 2009, la urbanización de su calle por importe de 227.000 euros cargados al Plan E. Finalizada la obra, la misma junta de gobierno —él se abstuvo— decidió devolverle la cuantía del aval. Uno de los informes lo rubricó un técnico municipal que a su vez es miembro de la ejecutiva local del PSOE, Bienvenido Álvarez. El interventor alerta ahora de que se han podido conceder licencias “en contra de informes técnicos y sin ningún tipo de fundamento jurídico”. Sostiene que la resolución de Álvarez a favor de la devolución del aval al actual alcalde —inspector de Hacienda de profesión— carece de “justificación de ningún tipo”, por lo que a su juicio se trata de “un error de derecho en la apreciación de las circunstancias” que reclama la revisión de oficio de los acuerdos.

El funcionario municipal sostiene que su resolución instando al alcalde a devolver los 28.000 euros está encaminada a defender “los legítimos intereses económicos” de la institución ourensana “ante la posible existencia de errores administrativos que pudieran haberle ocasionado un menoscabo patrimonial injustificado” al Ayuntamiento. Y alerta de que Agustín Fernández era responsable, en su condición de concejal de Hacienda, de haberse cobrado a sí mismo el importe de las obras de urbanización de su calle: “Las contribuciones especiales constituyen un recurso tributario que como tal debe ser gestionado, liquidado y cobrado por la concejalía delegada de Hacienda”, precisa el alto funcionario. Junto a ello, aclara que si un proyecto de urbanización “es inejecutable por el cambio de alineaciones introducido en el plan de urbanismo de 2003, lo es tanto en el ejercicio de 2007 como en el de 2009” considerando que el planeamiento estaba vigente en todos los casos.

“Comprobada” la existencia de un perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento “como consecuencia de actuaciones administrativas contrarias a la norma”, el interventor propone a la concejala de Urbanismo, la también socialista Áurea Soto, que anule la licencia de ocupación en el caso de que el regidor no aporte a las arcas públicas los 28.000 euros que le reclama.