CiU acepta la ILP de la renta mínima de ciudadanía a cambio de descafeinarla

La Iniciativa Legislativa Popular para establecer una renta garantizada ciudadana en Cataluña pasó ayer su primer trámite parlamentario con una condición fijada por Convergència i Unió: la norma no prosperará con el redactado avalado por la firma de 121.000 ciudadanos (más del doble de las requeridas para que una ILP llegue al Parlament), sino que CiU la descafeinará durante su tramitación para convertirla en una remodelación de la actual Renta Mínima de Inserción (RMI) y las diferentes prestaciones de la Generalitat.

El texto propuesto por los ciudadanos avanzó con el aval de todos los grupos, que se encargarán de matizarlo durante su tramitación. El texto se basa en el artículo 24.3 del Estatuto, que garantiza el derecho a una renta a las personas pobres. Bajo esta premisa, los promotores proponen una prestación que, al contrario de la RMI, no esté condicionada "a participar en ningún tipo de actividad de inserción laboral". Los prestadores, en caso de prosperar, tendrían que acreditar que han reclamado todas las ayudas posibles, y deberían aceptar cualquier oferta de trabajo adecuada a su formación y que no suponga un ingreso inferior a la renta de la Generalitat.

La ILP propone como cuantía de la prestación alcanzar la renta suficiencia de Cataluña, que en 2012 quedó fijada en 664 euros mensuales. En función de cada caso, según la ILP, la Generalitat cubriría toda la cantidad o, para las personas con derecho a otras prestaciones, el dinero que faltara para alcanzar esa cifra. Los promotores de la ILP la defendieron en el Parlament haciendo hincapié en el drama de la pobreza. "Es la hora de la reparación, para evitar que continúe esta tragedia humana", enfatizó Diosdado Toledano. Le sucedió en el atril Sixte Garganté, que recordó el compromiso estatutario de fijar una renta garantizada.

CiU rebajó cualquier expectativa de los promotores. El Gobierno catalán rechaza una prestación universal y duda de su capacidad para pagarla: según los cálculos de los promotores, costaría unos 2.000 millones, cuatro veces más que los 500 que se dedican hoy en día a las diferentes prestaciones. "Por atractivo que sea, es imposible de sostener", defendió la diputada nacionalista Anna Figueras, que pidió "no generar falsas esperanzas".

La tramitación parlamentaria acabará de definir quién acompañará CiU en la validación de la ley. El socio del Gobierno catalán, Esquerra, ofreció un aval con matices a la ILP. El diputado Oriol Amorós presentó un modelo gradual en el que se contemple una garantía de mínimos vitales, una inserción social, una inserción laboral con ayudas y un cuarto escalón, definitivo, de inserción al mercado laboral sin ayudas. El PP se acercó más a las tesis de CiU: discrepó de la ley pero se ofreció a negociar mejoras en las prestaciones para la pobreza.

Los partidos de izquierda y Ciutadans se aliaron con los promotores de la ILP y aprovecharon para criticar los recortes del Gobierno catalán, especialmente el cambio abrupto que realizó con la Renta Mínima de Inserción en 2011.