Un polvorín en los Ayuntamientos

El mismo martes 11 de marzo en que medio millar de marineros del cerco convirtieron el centro de Santiago en una batalla de piedras, sillas y botellas contra los antidisturbios que les devolvieron disparos de pelotas de goma, una concentración de medio centenar de alcaldes forcejeó también con la policía a las puertas del Parlamento gallego. La foto no encontró hueco en las portadas, copadas esos días por barricadas de contenedores ardiendo y porrazos a los manifestantes. Pero aquella mañana los agentes llegaron incluso a identificar a los regidores socialistas de Becerreá y A Fonsagrada cuando intentaban desplegar una pancarta contra el canon de Sogama ante la verja de la institución. Los empujones que intercambiaron con policías algunos veteranos de la vida municipal, con trienios en la alcaldía, resumen la desesperación que impera en los Ayuntamientos gallegos. A la polémica tasa del agua impuesta por la Xunta el año pasado sucedió la ley Montoro que vacía de competencias a los de menos de 20.000 habitantes. Y el incremento de un 34% impuesto unilateralmente por el Gobierno gallego en el recibo de Sogama para contrarrestar la retirada de las primas del Ministerio de Industria por producir energía ha sido el mazazo definitivo.

Casi un centenar de alcaldes —prácticamente todos los que no son del PP— mantienen desde hace semanas reuniones al margen de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para forzar “la retirada del tasazo”. Se han manifestado ante las sedes del Parlamento y la Xunta, donde amenazan con encerrarse. Y avisan de que no van a pagar más que el precio revisado con el IPC. El resto, hasta completar el recibo que pasa Sogama, lo depositarán en el juzgado para que decidan los tribunales si tiene razón la empresa pública o los Gobiernos municipales. Los alcaldes consultados, de las siglas que sean, abominan del nuevo recibo. Públicamente, los del PP lo critican con la boca pequeña pero en cuanto se apagan las grabadoras echan sapos y culebras contra la decisión de Sogama.

En medio, la Fegamp, que preside el regidor de Ferrol, José Manuel Rey Varela, del PP, improvisa paños calientes. En su día aprobó una declaración institucional que rechazaba el encarecimiento del nuevo canon —vigente ya desde enero— pero cuando los regidores socialistas y nacionalistas forzaron una votación (la primera del mandato en una institución que presume de adoptar las decisiones por unanimidad) para recurrirlo en el juzgado, la mayoría del PP echó abajo la propuesta. Rey Varela explica que prepara un estudio para analizar con la Xunta el mapa de residuos en este nuevo contexto pero que entretanto tocará pagar. En su caso ha decidido trasladar el coste a los vecinos, un euro por hogar y mes, para evitar el agujero que haría a su maltrecho presupuesto cargar 400.000 euros más por el tratamiento de la basura. En Santiago, se encarece en 600.000 euros. En Ribeira, una villa media donde también manda el PP con el histórico Manuel Ruiz Rivas, son 150.000 más que hasta ahora.

Socialistas y nacionalistas plantan batalla a la subida en todos los campos, incluida la calle. Intentan obligar a la Consellería de Medio Ambiente y a Sogama a compartir el incremento de la factura. Pero la Xunta reitera que es innegociable y alerta sobre el de la quiebra del modelo. “No descarto que el Gobierno se siente a negociar porque nos van a tener en la calle”, avisa el alcalde de O Barco de Valdeorras, el socialista Alfredo García, vicepresidente de la Fegamp. En la pelea hay casi un centenar de alcaldes (los que no son del PP) y están todos los partidos. Francisco García, el de Allariz —estandarte de la política local del BNG— y número tres en la Fegamp vaticina “tiempos convulsos” si no se aceptan las reclamaciones de los Ayuntamientos. Uno de los veteranos del PP admite en privado que “defender estas siglas” desde el consistorio “se está poniendo imposible porque el partido solo da malas noticias a sus alcaldes y concejales”. Asegura que mientras socialistas y nacionalistas salen con la pancarta ellos se lamentan en los despachos, también con escaso éxito. El conflicto va para largo y se dirimirá en los juzgados.

Y no es el único frente abierto para el municipalismo. La ley que ha diseñado el Ministerio de Hacienda para reformar las administraciones locales ha encontrado un insólito consenso entre los partidos gallegos: todos en contra. Como la Xunta, que después de formular en vano decenas de alegaciones a los primeros borradores del Gobierno central, improvisa ahora una norma gallega que enmendará a la estatal. En la exposición de motivos argumenta que Galicia tiene según su Estatuto de Autonomía “competencias plenas sobre régimen local”. Lo dice el artículo 27, el mismo que invoca el BNG para plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Montoro. El PSOE ya se ha posicionado, primero contra la norma estatal y ahora contra la gallega, aunque algunos de sus regidores admiten en privado que esta última puede servir de parche para amortiguar “el desaguisado del Gobierno”.

Con el texto de Hacienda en la mano, secretarios e interventores municipales lo tienen crudo para autorizar cualquier gasto en servicios sociales que planteen los Ayuntamientos, la primera institución a la que llaman los ciudadanos en plena espiral de crisis y recortes. Y eso en medio del clima de pavor generalizado —desatado por los sumarios que han destapado una red de escándalos en una docena de Ayuntamientos con teléfonos pinchados, donde jueces y fiscales analizan con lupa cada papel que se firma— es una bomba de relojería a un año y pocos meses de las próximas elecciones locales. La aplicación escalonada de la ley estatal aplaza la entrada en vigor de sus medidas más polémicas a después de las municipales de 2015 pero el desconcierto y la indignación cunden entre los alcaldes. Un ejemplo: si hasta hace nada recibían instrucciones de la Xunta para crear consorcios —y compartir servicios y costes— ahora esas entidades están amenazadas por la ley estatal.

El Gobierno gallego ya no oculta su malestar con las decisiones de Madrid e intenta devolver con una norma propia —que debe tramitar el Parlamento— los servicios sociales a los gobiernos locales y de paso sosegar en vísperas electorales el ánimo de unos alcaldes que hace un par de años ya ensayaron una sublevación contra el plan de fusiones municipales impulsado por la Xunta. Aunque entonces se pronosticaron varias, los regidores se resisten a mover los marcos en sus feudos y solo Cesuras y Oza se han integrado en una unión, recurrida por el PSOE, que pende aún de los tribunales.

Alcaldes y ediles recuerdan además que en estos últimos años los Ayuntamientos fueron las únicas instituciones que redujeron deuda, aun cuando partían de una situación más saneada que las comunidades autónomas y el Gobierno central y de que el actual sistema de financiación solo les entrega 13 céntimos por cada euro que reparte.