La crispación social llega a los plenos de Castellón
El alcalde expulsa a miembros de Stop Desahucios por interrumpir la sesión Es el segundo desalojo consecutivo protagonizado por colectivos sociales
La crispación social ha tomado el protagonismo en los plenos del Ayuntamiento de Castellón. El alcalde de la ciudad, Alfonso Bataller, ha expulsado este jueves a una veintena de miembros de la plataforma Stop Desahucios después de que el PP rechazara una moción presentada por EU en la que pedía crear una subvención para pagar el impuesto de plusvalía para aquellos que hubieran perdido su vivienda. Se trata del segundo desalojo consecutivo. En el último pleno la policía irrumpió en la sala para desalojar a afectados por los derribos en la Marjalería.
La protesta social ha continuado en el pleno extraordinario celebrado esta tarde (tras el pleno ordinario de la mañana) cuando un grupo de padres y madres de colegios de la ciudad se han marchado como protesta por la ausencia de debate sobre educación. "¿De educación no hablan? ¡Qué poca vergüenza! Ahí os quedáis, en vuestras poltronas", han gritado después de que el equipo de gobierno diera carpetazo (sin debatir el contenido) de la moción del PSPV para presentar un contencioso-administrativo en contra del arreglo escolar y la consiguiente pérdida de unidades escolares.
También con gritos contra el equipo de gobierno y el alcalde se han marchado los miembros de Stop Desahucios esta mañana. "Señor alcalde, hay cosas que no tienen nombre y esta es una de ellas", ha espetado una mujer después del 'no' a la medida para compensar el pago de la plusvalía. A lo que el regidor ha respondido: "Lo que no es democrático es lo que está haciendo usted, por favor, dejen este pleno".
Junto a ellos estaban vecinos afectados por los derribos de viviendas ilegales en la Marjalería y miembros de los 'iaioflautas', que también han dejado el pleno.
En febrero, Bataller ordenó el desalojo (que tuvo que ejecutar la Policía Local) de propietarios de las construcciones irregulares. El conflicto de la Marjalería se ha agravado en las últimas semanas por las órdenes de derribos y por el avance de la investigación judicial sobre la proliferación de viviendas en esta zona protegida de Castellón.
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