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La Audiencia retira la imputación a Romaní por el ‘caso Quality Food’

El tribunal considera “gratuitas” y “no sustentadas” las decisiones de la juez

El concejal del PP Ignacio Romaní a su llegada a los juzgados, el pasado mes de diciembre. Ampliar foto
El concejal del PP Ignacio Romaní a su llegada a los juzgados, el pasado mes de diciembre.

El caso Quality Food ha vuelto a dar una vuelta de tuerca en su infinita carrera judicial. La Audiencia Provincial de Cádiz ha resuelto en un auto retirar la imputación al concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz y vocal del comité ejecutivo de la Zona Franca, Ignacio Romaní, que la juez Rosa María García Jover acordó en diciembre del pasado año. La Audiencia gaditana atiende el recurso del edil y atribuye su imputación a afirmaciones “gratuitas” y “no sustentadas” de la juez de instrucción. El PP cree que se demuestra la falta de contenido de esta investigación centrada ahora en el papel que el Consistorio gaditano tuvo en esta presunta estafa.

La instrucción de este caso acumula más de una década en el juzgado número tres de Cádiz. La investigación se inició con una querella de la Zona Franca contra el responsable de Quality Food, Manuel García Gallardo, una empresa de alimentación instalada en el recinto fiscal. Las diligencias dieron un giro cuando, tras un informe de la Abogacía del Estado, las pesquisas se dirigieron a aclarar cuál fue la participación de dirigentes del PP en esta presunta estafa y malversación de caudales públicos. El primero en ser imputado en esta nueva fase fue el exdelegado Miguel Osuna. Después le siguió su jefe de gabinete y actual director de la Zona Franca, José Manuel Fedriani. Y más recientemente Ignacio Romaní.

Romaní recurrió su imputación y la Audiencia le dio la razón. En un auto acusó a la juez de no haber argumentado los delitos de los que era sospechoso y haber vulnerado su derecho a su defensa. En un extenso auto fechado a 11 de diciembre, García Jover respondió citando de nuevo a Romaní como imputado con un amplio argumentario sobre las razones que le habían llevado a tomar aquella decisión. Romaní se negó a declarar y volvió a apelar a la Audiencia Provincial. La que ahora le ha dado la razón de nuevo.

Ha sido en un auto de la sección primera presidida por el que fuera secretario de Estado de Justicia con el Gobierno del PSOE, Juan Carlos Campo. La Audiencia Provincial no entra a valorar si los hechos investigados (la presunta transferencia de dinero público a Quality Food con la connivencia de Miguel Osuna), sino si Romaní debe ser imputado o no. A partir de ahí el auto es un duro ataque contra el anterior de la juez, y por ende, de esta última fase de la instrucción centrada en dirigentes del PP. La Audiencia dice no entender por qué el concejal sí fue imputado y no el resto de personas que formaban el comité ejecutivo de la Zona Franca en 2003 cuando el Consorcio compró la mayoría de acciones de la empresa alimenticia. Además de Romaní, otras personas votaron a favor de esa operación. Recuerda la Audiencia, como viene argumentado el PP, que esa compra fue validada además por la Abogacía del Estado.

También la sala cree equivocada la opinión de la juez de que el Ayuntamiento pudo ser partícipe de la estafa por el mero hecho de haber mediado en la instalación de la empresa en Cádiz. “El Ayuntamiento tiene que tratar de crear empleo en la ciudad”, dice la Audiencia. Y se sorprende de que Romaní sea imputado cuando ni Osuna ni García Gallardo le señalaron a él como el hombre de contacto entre el Consistorio y Quality Food. De hecho, García Gallardo apuntó a que ese hombre era Jorge Moreno, mano derecha de Teófila Martínez, quien tras declarar como testigo, no fue imputado.

La juez afirmó que Romaní transigió con la ilícita financiación de Quality Food. Pero la Audiencia lo rebate. “Es una afirmación totalmente gratuita pues nada la sustenta”. “No vemos en qué se basa para afirmar algo tan grave”. Duda también de la capacidad que la juez ve en Romaní para asesorar al exdelegado de la Zona Franca. “Osuna era inspector Hacienda; Romaní, graduado social”. La Audiencia Provincial recuerda que ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía pidieron la imputación de Romaní pero sí mantiene la acusación contra Miguel Osuna.